Un duro intercambio de argumentos ante los ministros del Tribunal Constitucional, en la causa que busca liberar los expedientes reservados del caso de colusión entre las papeleras, tuvieron ayer los titulares de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Fiscalía Metropolitana Sur.
El titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, acusó al Ministerio Público de actuar fuera de la legalidad, desconociendo las potestades de la FNE y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto de la investigación por colusión en el mercado del papel higiénico, donde CMPC, controlado por el grupo Matte, y la sueca SCA reconocieron su participación.
Irarrázabal sostuvo en su alegato que “no hay conexión” entre el DL 211 -que establece los delitos en el ámbito de la Libre Competencia- y la ley penal, en la cual se ampara el Ministerio Público para solicitar los expedientes reservados con que se realizó la investigación de la FNE.
“Hay un actuar irresponsable del Ministerio Público en algo que ha funcionado”, dijo Irarrázabal. Luego agregó que en ninguno de los otros casos que llevó adelante la FNE se les pidió dicha información. “Esta es una originalidad de este minuto”, sentenció.
Ayer, el TC dejó en acuerdo la causa y su resolución se conocerá en un máximo de diez días. Según fuentes consultadas, el tenor del fallo sentará un precedente respecto de futuras actuaciones del Ministerio Público en casos de colusión y el alcance de sus investigaciones.
Irarrázabal señaló que la investigación a través de la cual la FNE construyó el caso en contra de CMPC y SCA tiene unas 6.000 páginas de documentos, informes, estudios y declaraciones, y la comparó con el expediente que se tramita ante el TDLC, el cual tiene unas 500.
La contienda de competencia surgió luego que el TDLC recurriera al Tribunal Constitucional para bloquear el intento de la Fiscalía de acceder a una carpeta confidencial. El TC acogió el recurso y ayer revisó su fondo.
La defensa del MP
Raúl Guzmán, fiscal regional metropolitano sur, descartó los argumentos presentados por el TDLC, la FNE y los abogados de la sueca SCA, señalando que finalmente “el tema de fondo es la publicidad de los antecedentes, por lo que la contienda de competencia comienza a desdibujarse”.
Sostuvo que la labor investigadora de la Fiscalía Sur -que lleva la arista penal del caso- “no entorpece la función del TDLC”, y que el recurso presentado tampoco cuestiona las facultades del Ministerio Público.
“Se han hecho acusaciones falsas de parte de la FNE, se ha faltado a la verdad de manera grosera”, dijo Guzmán.
El fiscal señaló que las versiones públicas de los expedientes sobre el caso de colusión entre CMPC y SCA eran “insuficientes para llevar adelante una investigación” en el ámbito penal, y que la actitud de defensa de la reserva de dichos documentos “es una flagrante violación al principio de igualdad ante la ley”.
SENADORES APRUEBAN IDEA DE LEGISLAR
Con 30 votos a favor, el Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que fija normas para la defensa de la libre competencia, el que se encuentra en segundo trámite. Ahora el texto volverá a la Comisión de Economía donde deberán estudiarse las indicaciones que presenten tanto los legisladores como el Ejecutivo hasta el 4 de enero de 2016. Una vez que esta instancia vote estas disposiciones, será el turno de los congresistas de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de hacer lo propio. El proyecto, entre otros, establece penas de privación de libertad de entre 5 y 10 años. En el caso que se apliquen beneficios, los culpables a lo menos deberán estar un año en la cárcel. En el caso de que la colusión haya sido respecto de un producto de primera necesidad, las penas de cárcel parte en 7 años y medio.
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