Licitar o prorrogar. Esa era la disyuntiva que tuvo durante el último mes la nueva ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, quien pese a las recurrentes advertencias de que lo mejor era posponer el funcionamiento del nuevo Transantiago, finalmente decidió que enviará las bases de licitación a la Contraloría durante mayo.
El gobierno dará luz verde a la nueva licitación para cuatro unidades de negocios que operan el 50% del sistema actual y mantendrá la fecha de inicio de operación en 2018.
Según explicó Tapia, esta decisión se toma considerando dos variables: que los usuarios del sistema no pueden seguir esperando las mejoras al transporte público y, en segundo término, los enormes costos financieros que implicaba la prórroga de los contratos que están por vencer.
“Eso tiene un costo financiero importantísimo, pero más relevante es que no se puede esperar para las mejoras al Transantiago”, dijo.
A esto se suma la recomendación que la consultora internacional Dar Group, la tercera más reconocida en materia de transportes, y que revisó la versión preliminar de las bases. “Nos dijo con firmeza que teníamos que licitar, que ésta era un oportunidad para con competencia generar mejores condiciones”, dijo.
Cuatro áreas clave
De todos modos, la ministra está incorporando cambios en cuatro áreas neurálgicas de los requerimientos del concurso, que asegura, buscan lograr un sello de calidad.
“Las bases que van a ingresar a Contraloría no son las mismas de los contenidos esenciales (publicados), recogimos las observaciones y construimos con esos consensos técnicos, mejoras relevantes”, comentó.
Así, introdujo modificaciones en evasión, número de buses, cambios a la malla de recorridos y terminales.
En el primer caso y cuyo índice de no pago del sistema se empina al 34%, las medidas serán con cargo al operador.
Para ello se exige que todos los buses que participen en la nueva licitación tengan torniquetes y se mandatará a cada una de las empresas que implemente 20 zonas pagas móviles nuevas, que se sumarán a las que contempla el nuevo plan de evasión que anunció hace un par de semanas y que totalizará 134 a fines de 2017.
Además, cada operador deberá disponer de 50 personas que asistirán el proceso de validación en los buses, ya sea arriba de ellos o en las zonas pagas. Todo con financiamiento de las empresas.
En el caso de los buses, si bien habrá un incremento de 150 en el número total, este aumento será mucho menor a los 453 que se habían propuesto en las bases que diseñó el ex ministro Andrés Gómez-Lobo.
Otra exigencia es que cada operador deberá contar con al menos 15 buses eléctricos en cada unidad de negocio y otros 15 adicionales con atributos especiales, es decir que cuenten con más asientos, aire condicionado, similar al confort de los buses de dos pisos.
La tercera variante es en la malla de recorridos, que integrará en su diseño a las nuevas líneas 3, 6 de Metro y la incorporación del Metrotren a Nos. Serán 61 cambios al rediseño y 44 ajustes en la malla, lo que busca mayores coberturas en zonas periféricas de Santiago, mejorar servicios nocturnos, más acceso al centro de la ciudad, reducción de los transbordos o etapas de viajes. Todos estos cambios priorizan la integración con las nuevas líneas de Metro y de Metrotren.
Estas mallas están diseñadas eliminando la exclusividad de las zonas de operación permitiendo la superposición de recorridos en zonas colindantes.
Compra de terminales
Uno de los cambios más relevantes es que para aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada, se harán ajustes a la propiedad de los terminales de buses. El Estado adquirirá 12 de los 20 disponibles para entregar su administración como parte de la concesión, aunque resta definir si serán expropiados o comprados.
Esto marca un cambio relevante de criterio frente a su antecesor, que en las bases preliminares estableció que se crearía un mercado secundario de terminales, cuya propiedad seguiría en el sector privado.
“Estamos convencidos que no podemos estar capturados por las empresas, creemos en ellas pero también que tienen que hacer bien su trabajo, nuestro norte son los usuarios y si generamos reglas claras, sin duda vamos a tener más competencia”, aclaró Tapia.
MENOS CONCENTRACIÓN Y MÁS COMPETENCIA EN OPERADORES
Las cuatro unidades de negocio que están en manos de Alsacia y Express Santiago Uno, STP y Redbus, serán transformadas en seis, a las cuales podrán postular nuevas empresas y antiguos operadores, siempre y cuando tengan un buen cumplimiento en los índices de frecuencia, regularidad y calidad, disminuyendo así la concentración del sistema.
También se aumentará la exigencia en el cumplimiento de dichos índices. Actualmente su efecto en los ingresos es de hasta un 3% y se elevará esta razón al 15% de los ingresos de las empresas.
En cuanto a las negociaciones con las compañías se establece una nueva modalidad, eliminando las revisiones programadas cada dos años y dejando solo las revisiones excepcionales, explicitando las condiciones en las cuales se podrá acceder a la revisión de tarifas.
"No hay que temer a la competencia y esperamos que las empresas entiendan que es la mejor forma", dijo.
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