Suprema condena a ex oficiales del Ejército por malversación de caudales públicos en compra de tanques Leopard
Ex ejecutivos de Famae accedieron al beneficio de la remisión condicional de la pena.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 31 de marzo de 2016 a las 10:06 hrs.
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La Corte Suprema condenó a los oficiales en retiro del Ejército Luis Iracabal Lobos y Gustavo Latorre Vásquez a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos en la adquisición de tanques Leopard, en 1998.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Juan Eduardo Fuentes, Carlos Aránguiz, Carlos Cerda, Jorge Dahm y el abogado (i) Jean Pierre Matus– acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que había absuelto al ex director y ex gerente de las Fábricas y Maestranzas del Estado (Famae), aplicando la figura de la prescripción de la acción penal.
La resolución del máximo tribunal establece que los ex oficiales son responsables de la sustracción, cada uno, de más de US$ 298 mil de los montos involucrados en la adquisición de 200 tanques Leopard I-V, en julio de 1998.
"Debe tenerse por no discutido en estos autos que entre los años 1995 y julio de 1998, los encartados Iracabal Lobo y Latorre Vásquez, en su calidad de funcionarios públicos que tenían a su cargo caudales o efectos públicos y que se desempeñaban en los cargos de Director de FAMAE y Gerente Comercial de FAMAE, correspondiéndoles, en tal virtud, un rol fundamental en las negociaciones de adquisición de los 200 Tanques Leopard I-V, substrajeron la suma de US$ 298.120, 94 y US$ 298.090,94, respectivamente, hechos que constituyen el delito de malversación de caudales públicos descrito y sancionado por los artículos 233 Nº 3 y 238 inciso segundo del Código Penal", sostiene el fallo.
Sobre la prescripción de la acción penal, el máximo tribunal establece que cuando se inició la acción penal en contra de los condenados, no había transcurrido el plazo legal de 10 años previsto para este tipo de hechos.
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