TDLC insiste en críticas a iniciativa de libre competencia

El presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca, volvió a criticar públicamente el proyecto de ley de Libre Competencia enviado en marzo al Congreso por el Gobierno.

En el marco de la presentación de la cuenta anual del organismo antimonopolios, indicó que las modificaciones a la actual institucionalidad propuestas por el ejecutivo, entre ellas la reposición de la pena de cárcel y el incremento en las multas para el delito de colusión, estarían lejos de solucionar el tema.

"Hoy se está tramitando en el Congreso un proyecto de ley que pretende abordar dichas materias, pero que, al mismo tiempo, pretende introducir cambios sustantivos que pueden terminar causando más problemas de los que quiere resolver", dijo.

Menchaca centró sus críticas en la reposición de la sanción penal para los delitos de colusión, que según la iniciativa presentada por Economía establece penas de cárcel de 5 a 10 años. Indicó que la tipificación del delito es "general, incompleta y abierta"; que existe el riesgo de establecer doble sanción para la misma conducta, lo que rompe una de las máximas jurídicas en las que se asienta el sistema; que se incrementa el costo por la duplicidad de los procedimientos investigativos; y que se dificultará la obtención de pruebas en los juicios, haciendo menos eficaz la persecución de los carteles.

"Los investigados por la Fiscalía Nacional Económica o por el Ministerio Público, así como las personas citadas a declarar por ésta o por cualquier tribunal, podrían adoptar una actitud hostil –y podrían tener el derecho a hacerlo-, oponiéndose a entregar información o rehusando prestar declaración basados en su derecho a no autoincriminarse, lo que dificulta la acreditación de los ilícitos de colusión y, por consiguiente, nuevamente, una eficaz lucha contra los carteles", dijo.

Multas "exorbitantes"

El incremento en las multas propuesto por el proyecto también fue criticado por el presidente del TDLC, señalando que podría tener efectos indeseados en la competencia. El gobierno busca endurecer el actual nivel de las multas, que alcanza como máximo a 30 mil UTA (unos US$ 25,9 millones), castigando con el doble del beneficio obtenido o un máximo del 30% de las ventas durante el periodo donde se compruebe el delito. "Este último límite máximo, que es el que probablemente se utilizará en muchos casos, es muy superior a los que se encuentran en la experiencia comparada y puede llegar a ser exorbitante y hacer peligrar la viabilidad de la empresa infractora, con una eventual consecuencia negativa para la propia competencia que se desea proteger", dijo.

Menchaca insistió en que otro de los puntales del proyecto del gobierno, el control de las operaciones de fusión, también debía ser revisado, considerando que "operaciones que normalmente no reducen la competencia, como son las verticales y las de conglomerado" debieran tener mecanismos de consulta voluntaria ante la FNE.

El presidente del tribunal también hizo alusión al informe realizado por la Corte Suprema al proyecto, en el que se criticaba la "eliminación" del TDLC del proceso de consulta, dejando en manos sólo de la Fiscalía todo el proceso.

"Un aspecto de la propuesta legislativa especialmente grave y que no parece adecuado ni consistente con nuestro sistema institucional es el hecho de que las operaciones que el Fiscal apruebe con condiciones, por más gravosas que estas sean, no sean susceptibles del denominado 'procedimiento especial de revisión de operaciones de concentración', cuya naturaleza jurídica no es clara", explicó.