En una presentación a la comisión presidencial que estudia cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, Rafael Asenjo, propuso modificar el polémico Comité de Ministros, órgano al que llegan los primeros reclamos contra proyectos, una vez que obtienen su permiso ambiental.
Sobre esta instancia, Asenjo expuso que se debieran redefinir sus alcances y competencias, adoptando una decisión sobre si se trata de una revisión de lo ya hecho o de una nueva evaluación.
“Si hablamos de una nueva evaluación, se requiere que su actuación esté dotada de las garantías procedimentales mínimas que informan el debido proceso, además de agregar un adecuado estándar técnico en materia ambiental”, dijo.
Añadió que “en todo caso, cualquiera fuera la decisión sobre la incertidumbre actual, debe aclararse el régimen de impugnación a sus resoluciones. La actual falta de claridad de los mecanismos recursivos ha trasladado el problema a la sede jurisdiccional, es decir, a los tribunales ambientales”.
Pero ese no fue el único tema que tocó el ministro. Señaló que tiene que ser una prioridad de la autoridad regular y actualizar los proyectos “antiguos”, es decir, los que están funcionando antes de la puesta en marcha del SEIA.
“Si no han sufrido cambios o ampliaciones significativos, se van a cumplir pronto 20 años en que no han pasado por ningún proceso de evaluación integral de sus impactos en su entorno inmediato y en el medio ambiente. ¿Qué hacemos ante los cambios del conocimiento y los avances científicos que pueden haber modificado sustancialmente el conocimiento y alcance de posibles impactos?”, comentó en su exposición.
Asimismo, tocó uno de los puntos que ha generado disenso en la comisión: la participación ciudadana y la consulta indígena.
Asenjo opinó que se debe estructurar y formalizar su aplicación, de manera de asegurar que su oportuno desarrollo tenga efectos reales en la evaluación, incorporando las preocupaciones de las comunidades en el proceso y en su resultado, para disminuir, al máximo, las tensiones entre el proyecto y la comunidad.
“El titular del proyecto y la administración deben dialogar tempranamente con las comunidades circundantes, de manera de asegurar su participación informada y comprometida a lo largo de todo el proceso”, agregó.
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