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Publicado: Lunes 14 de octubre de 2013 a las 14:01 hrs.
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la petición que hizo el Ministerio Público y ordenó este lunes a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) entregar a la Fiscalía el informe que detalla las operaciones de las sociedades cascadas a través de la cuales Julio Ponce controla SQM.
En un fallo unánime (3-0), el tribunal de alzada acogió el recurso presentado por el fiscal Andrés Montes, quien solicitó entregar los antecedentes sobre la investigación en contra del empresario y otros tres ejecutivos de dichas sociedades.
Cabe recordar que Fernando Coloma había advertido que la decisión del regulador que dirige no buscaba obstaculizar el actuar del ente persecutor ni tampoco desatender el principio de cooperación sino simplemente "cumplir a cabalidad y conforme lo que prescribe la ley, el deber de reserva al que se encuentra sujeto".
El presidente de la segunda sala de la Corte de Apelaciones, Patricio Villarroel, si bien reconoció que esta figura está contemplada en la Ley, aclaró que "cuando se trata de informes que requieren los tribunales es necesario proporcionarlos, de otra manera no se puede llevar a cabo la investigación".
"Además la fiscalía puede adoptar medidas que aseguren la reserva de una información, en caso de ser necesario", agregó.
Por su parte, el abogado de los accionistas minoritarios, Mauricio Daza, dijo que el informe "es muy relevante" debido a que contiene todos los antecedentes de las transacciones de estas sociedades que presumiblemente han afectado a los fondos de pensiones.
"Dan cuenta del sinnúmero de operaciones que son, supuestamente, fraudulentas a partir de la cuales Julio Ponce y sus sociedades cascada trataron de manipular el precio de las acciones, engañando no solamente al mercado de valores sino, principalmente, a los accionistas minoritarios entre los que se encuentran las AFP y, de esa forma, perjudicando a gran parte de los chilenos que hoy día cotizan en el sistema administradoras del fondo de pensiones.
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
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