Los pasos que faltan para avanzar en proceso del caso Penta y la irrupción de más políticos
Aún no habría acuerdo en los detalles de la oferta para llegar a un proceso abreviado tras formalizaciones.
Las conversaciones entre la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y la defensa de los socios fundadores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, no han sido fáciles.
Esto porque aunque está descartado, en principio, que la entidad busque que ambos empresarios y otros involucrados -desde la arista política del caso- reciban una pena aflictiva, lo cierto es que los detalles de las negociaciones para un acuerdo entre las partes, y así llegar a un proceso abreviado tras las eventuales formalizaciones por cohecho y delito tributario, es en donde se han encontrado con las mayores dificultades.
La libertad vigilada ha sido vehementemente rechazada por la defensa, según comentaron profesionales que han tenido acceso a información del proceso, a pesar de las pruebas que supuestamente estarían en manos de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad.
Las eventuales medidas precautorias -entre ellas el arresto domiciliario-, también cuentan con resistencia por parte de los profesionales que representan a los empresarios.
Lo mismo sucede con el político vinculado a la Alianza que estaría en conversaciones con la fiscalía. En su caso, una empresa de la cual es accionista habría emitido facturas por servicios que no habrían sido prestados.
Por otro lado, trascendió que en la información que fue incautada por los funcionarios de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad se habrían encontrado boletas relacionadas a un connotado senador representante de la Nueva Mayoría, por un monto que alcanza cerca de $ 50 millones.
Persona jurídica
Este noo es un proceso común en los tribunales locales. Porque imputarle penalmente un delito a una persona jurídica o empresa es una posibilidad relativamente nueva, considerando que la ley que lo contempla existe desde 2009.
Sin embargo, ahora podría adquirir una mayor notoriedad. Esto porque aún falta por dilucidar si la fiscalía realizará alguna acción relacionada con las empresas del grupo Penta que están siendo investigadas por eventual cohecho.
Según la ley, "las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el artículo 1° que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de ésta, de los deberes de dirección y supervisión. Bajo los mismos presupuestos del inciso anterior, serán también responsables las personas jurídicas por los delitos cometidos por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados".
En materia de nuevos delitos que se han incorporado en el ordenamiento jurídico chileno,z durante 2013 se produjo la primera condena, en la VII región, a través de un procedimiento abreviado, contra dos personas jurídicas, teniendo como delito base el cohecho a funcionario público nacional.
¿Cuáles fueron las sanciones? se les aplicó la pena de multa y la pérdida de beneficios fiscales que podrían haber tenido, y en caso de que no tuvieran, tendrían prohibido obtenerlos por un período de tres años.
La ley también considera la disolución de persona jurídica, prohibición de firmar contratos con el Estado, multa a beneficio fiscal, entre otras.El vicepresidente de Empresas Penta,
Carlos Alberto Délano.
Las renuncias y pagos de la semana pasada
Renuncias a directorios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín informaron a través de un comunicado que renunciaron voluntariamente a las mesas de Penta Vida, Penta Security, Banmédica y Banco Penta.
Pago de impuestos por boletas También dieron a conocer el pago de impuestos por boletas que fueron objetadas por el Servicio de Impuestos Internos, monto que alcanza a $ 532 millones, aunque sumando reajustes, intereses y multas , la cantidad aumenta a $ 1.191 millones. "Pese a que se trata de un caso que aún se discute y se encuentra en una fase investigativa, hemos pagado estas diferencias, incluyendo las multas e intereses, como una muestra de buena fe y de colaboración con la investigación en curso", señaló el comunicado.
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