Brotec Construcción, filial de Brotec S.A. -grupo que tiene varias unidades de negocios como el inmobiliario- se convirtió la primera de las firmas reconocidas del segmento en ir hasta la justicia para abrir un proceso de reorganización con miras a lograr un acuerdo con sus acreedores y establecer un plan de pago de sus deudas.
En un escrito ingresado al 20° Juzgado Civil de Santiago, el gerente general de Brotec Construcción, Rodrigo Matte, detalla el camino de recuperación que había estado experimentando la empresa desde 2017 hasta que se topó con la crisis social iniciada el 18 de octubre y ahora el avance del Covid-19.
La empresa creada por la familia Browne en la década de 1960 -y que hoy cuenta con más accionistas- ha participado en obras como el Aeropuerto de Santiago (en sus inicios), tramos de la Ruta 5 y autopistas urbanas donde participó en dos concesiones y la central Ralco. Ahora está en 11 proyectos, cinco junto a otras compañías. Uno de ellos es Quebrada Blanca II, yacimiento minero que desarrolla la canadiense Teck.
La firma -representada por Luis Felipe Castañeda, del estudio Castañeda Abogados, que se ha hecho cargo de reorganizaciones recientes como Luxury, de Alejandro Ascuí- relata en el escrito que como la construcción es intensiva en capital de trabajo y tiene baja inversión en activos fijos, se va financiando con recursos propios y líneas de capital de trabajo.
Dada la situación de la compañía -que en 2017 tuvo pérdidas por $ 4.047 millones, luego al año siguiente por $ 457 millones y solo en 2019 logró utilidades por $ 1.690 millones-, no contaron con el pleno apoyo de la banca, por lo que tuvieron que recurrir a firmas de factoring y confirmings (cesión de pagos a proveedores).
Y como ya se ha visto en otros casos, tras el 18 de octubre disminuyeron los inversionistas en estos dos instrumentos, lo que "significó que nuestra empresa no pudiera mantener el nivel de operaciones de financiamiento antes referido; sin embargo, se logró pagar oportunamente las que mantenían vigentes hasta hoy".
El escrito añade que "la disminución de esa relevante fuente de capital de trabajo la hemos debido enfrentar junto con los pagos a nuestros diversos proveedores para, de esa forma, no detener el desarrollo de nuestras obras, lo que provocó una importante falta de liquidez".
A eso se suma la crisis sanitaria, que ha implicado que una fuerte detención de la actividad, ralentizando la cadena de pago y la gestión contractual (modificaciones de contrato, aumento de obra, etc.), ya que uno de sus clientes más importantes es el Estado.
Plan de salida
El camino de recuperación que había iniciado la empresa antes de esta crisis, entre otros motivos se logró dado que se han ido incorporando nuevos socios y se hicieron aportes de capital por $6.500 millones.
Según datos de su página web, la compañía cerró 2019 con ventas por US$ 98 millones, cerca del doble de un año antes. Tenía 2.100 trabajadores.
Por eso, pese al complejo momento, en su escrito se describe una situación más optimista de cara al desarrollo de la empresa a futuro, donde se han tomado medidas de corto plazo para recuperar liquidez, lo que sostiene en contratos por ejecutar por $ 61.000 millones para los próximos 18 meses.
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Entre las medidas, los accionistas inyectaron vía préstamo $ 1.500 millones en febrero, se redujo 35% la dotación tras una reorganización administrativa y se acordó una reducción temporal de sueldos de 10% promedio por 12 meses.
Así, la reorganización -cuyas acreencias rondan los $ 10.000 millones- "nos permitirá continuar desarrollando nuestro negocio normalmente y retomar así la estabilidad financiera", indicó.
Dado que la protección financiera solo se logra cuando se decreta el inicio del procedimiento -que toma del orden de 10 días desde su ingreso-, la empresa solicitó una medida prejudicial que impide el cobro de garantías de algunos mandantes, dado que si algo así sucediera, se podría haber más que duplicado el pasivo de la empresa. Con esto, la firma tiene un mes, desde el 15 de mayo, sin que se puedan ejecutar esas garantías.
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