En medio del complejo escenario que vive la industria inmobiliaria nacional, solo en la última semana ha ingresado a evaluación ambiental una serie de iniciativas habitacionales (varias vinculadas al Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda) que suman inversiones de casi US$ 100 millones.
La principal obra es de la empresa Santolaya: se trata de dos torres habitaciones de 24 y 25 pisos en Avenida Walker Martínez 88, en la comuna de La Florida, que considera una inversión de US$ 35 millones. “El objetivo del proyecto es proponer una solución habitacional distinta con el fin de aportar a la demanda existente, complementando además el auge de desarrollo inmobiliario del sector”, dijo la empresa en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En paralelo, la cooperativa Conavicoop presentó una DIA para desarrollar un proyecto en la Región del Maule, específicamente en la comuna de Talca. Con una inversión estimada de US$ 23 millones, la iniciativa se enmarca en el Sistema Integrado de Subsidio Habitacional regido por el D.S. 01/2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
“El objetivo general del proyecto habitacional Lote Ricardo Donoso, tiene por objetivo satisfacer la demanda habitacional en la comuna de Talca, mediante un proyecto de loteo que contempla la construcción de 542 viviendas del tipo casa, sus obras de urbanización, áreas verdes y áreas de equipamiento en una superficie de 13 hectáreas”, explicó la sociedad, que estima iniciar obras a partir del primer trimestre de 2023.
La empresa Paumar busca desarrollar otro proyecto habitacional, que consiste en la construcción de 298 viviendas sociales en la comuna de Chillán, con una inversión de US$ 18,6 millones.
“Corresponde a un proyecto de carácter inmobiliario social, enmarcado en el Plan de Emergencia Habitacional del Minvu, que busca contribuir a una mejor habitabilidad de las familias a través de un espacio cómodo que cumpla con todos los estándares requeridos por la normativa vigente, además de disminuir el déficit habitacional y el nivel de hacinamiento en la comuna de Chillán”, indicó la empresa en una consulta de pertinencia, para que la autoridad defina si la obra debe ser sometida a evaluación ambiental.
La Constructora SB2 proyecta invertir US$ 11,5 millones en un proyecto inmobiliario de viviendas sociales ubicado en la Carretera General San Martin Antigua, en la comuna de Colina. Contempla 150 departamentos distribuidos en tres edificios, detalló la empresa en una consulta de pertinencia.
Misma figura usó la Constructora Inmobiliaria e inversiones Oval, que busca desarrollar un proyecto habitacional de 156 viviendas en la comuna de La Granja, con una inversión de US$ 7,9 millones.
Cambios en el negocio
El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda liderado por Carlos Montes, decidió dar más flexibilidad a las constructoras que desarrollan viviendas sociales, lo que, en la práctica, ha significado evitar la ejecución del cobro de boletas de garantías a las empresas que no han cumplido con los contratos producto de la pandemia.
Para una constructora, el cobro de una boleta de garantía puede llegar a ser fatal. De hecho, para muchas lo fue.
Este es un tema no menor para la administración encabezada por el Presidente Gabriel Boric, considerando su meta de entregar 260 mil nuevas viviendas sociales antes del término de su mandato.
El cambio de criterio -que sugirió Montes apenas inició su periodo como ministro- es considerado para algunos como un salvavidas. Es el caso de La Cruz Inmobiliaria y Constructora, de propiedad del expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Daniel Hurtado, y Marcelo Garrido, que sumaba pasivos superiores a los US$ 80 millones.
La Cruz es una de las dos más grandes constructoras de viviendas económicas para el Serviu y la primera que logró aprobar una reorganización judicial. Según conocedores, la empresa logró su viabilidad luego de que los Serviu regionales flexibilizaran los contratos, evitando el cobro de boletas. En caso contrario, la situación de la firma era inviable.
Tras aprobarse su reorganización, la compañía reinició sus proyectos para lograr el pago del total de sus pasivos en menos de tres años, explica un conocedor.
Y es que lo que busca el Ejecutivo es tener más viviendas sociales en construcción.
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