El plan de Global Power Generation (GPG), brazo de inversiones en generación de Gas Natural Fenosa (GNF), de sumar 5.000 MW de capacidad adicional en centrales al 2020, podría tener a Chile como uno de sus puntales.
Según señaló ayer el presidente de CGE, Rafael Villaseca -que también es consejero delegado de GNF- si bien la firma aún no ha definido la localización de sus futuros desarrollos, la intención de la compañía sería tener a Chile como un actor relevante en la cartera de inversiones.
“GPG tiene un plan de aumento de la capacidad de generación notable, no tenemos regionalizada esa cifra, nos gustaría que la cantidad que pudiéramos desarrollar en el mercado chileno fuera importante, pero no tenemos ningún objetivo concreto”, señaló.
El primer proyecto que la firma tiene en fase de desarrollo avanzado es la central de ciclo combinado Tierra Noble, en la región del Biobío, que tendrá una capacidad instalada de 600 MWh y demandará inversiones por unos US$ 600 millones, pero la compañía también ha señalado públicamente que está interesada en levantar proyectos en base a Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
“Estamos estudiando esa posibilidad (la central Tierra Noble) entre muchas otras. Es nuestro interés invertir en el mundo de la generación en Chile y vemos diversas posibilidades, esa es una, pero hay otras”, dijo Villaseca.
Incentivo negativo
La intención del gobierno de rebajar o eliminar el cobro por corte y reposición de suministro eléctrico -uno de los 23 servicios asociados a la distribución- durante el proceso de fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) ya en marcha, es vista con cautela por la firma.
Según Antonio Gallard, gerente general de CGE, esto podría funcionar como un incentivo negativo para los usuarios que dejen de cumplir con el pago del servicio eléctrico, por lo que sus costos y beneficios deben ser calibrados por la autoridad.
“Se están estudiando varias alternativas, y una de ellas sería incorporar al VAD algunos de los costos, los que se socializarían, por ejemplo el corte y reposición. Creemos que ahí hay que balancear tanto los intereses de los consumidores como la lógica del negocio. Al socializarlos se pierde un incentivo para no realizarlos. En principio no es un cambio que estemos apoyando, pero podríamos llegar a entenderlo”, señaló el ejecutivo.
Villaseca agregó que de implementarse, “puede desincentivar y generar problemas prácticos y operativos que acaben siendo una factura relevante. Hay que tener en cuenta todos los factores”.
El ejecutivo sostuvo que la decisión de no continuar con el recurso en la justicia por la controversia entre la Superintendencia de Valores y Seguros y Metrogas obedeció a que el cambio ya está incorporado en la ley del gas que se discute en el Congreso.
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