El anuncio en la última Cuenta Pública Presidencial del ingreso al Congreso de un proyecto de descarbonización para facilitar inversiones que permitan terminar con las termoeléctricas a carbón en el 2035 o antes comienza sigilosamente a levantar las primeras dudas. El lunes de la semana pasada el Ministerio de Energía se reunió con seis gremios del sector para exponer los principales contenidos del articulado de descarbonización acelerada, iniciando así el trabajo prelegislativo de la iniciativa.
2035 sería la fecha límite para el retiro de las carboneras
En la cita, liderada por el ministro de Energía, Diego Pardow, la cartera presentó detalles del texto a Generadoras de Chile, Acera, Transmisoras de Chile, GPM, Acesol y la Asociación de Generación Renovable (AGR). Considerando que la meta es habilitar las condiciones para el retiro de centrales a carbón al 2035, se busca viabilizar el desarrollo de proyectos de generación, reconversión de centrales, almacenamiento y/o obras de transmisión en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que permitan avanzar en esa línea.
En concreto, tras una postulación, el Ministerio de Energía presentaría propuestas de proyectos candidatos a una Comisión Interministerial que será la encargada de seleccionar a los proyectos priorizados, los que serían entre cuatro o cinco. Los elegidos podrán beneficiarse -por ejemplo- de que permisos o autorizaciones podrán concederse vía declaración jurada del titular.
Consultado por DF, Pardow calificó como positiva la reunión y aseguró: "El trabajo legislativo es clave si queremos avanzar rápido en el Congreso. La expectativa del Ejecutivo es al menos tener una primera iteración de los portafolios de proyectos a incorporar. Eso significa que la ley debería estar aprobada a fines de octubre a más tardar y, por lo tanto, el trabajo prelegislativo es fundamental".
Precisamente, según comentan fuentes, la cartera había sincerado su intención de ingresar el proyecto de ley en julio. Sin embargo, hay un punto que ya genera dudas. Conocedores de las conversaciones sostiene que los titulares de las iniciativas que estén interesados en utilizar este mecanismo deben cumplir requisitos como -entre otros- ejecutar proyectos de un repositorio de iniciativas energéticas sociales que beneficien a las comunidades por un monto equivalente al 5% de la inversión.
En el detalle, será el Ministerio el que defina los proyectos a impulsar de este repositorio que estará integrado por iniciativas de electrificación rural y generación comunitaria. La fórmula en mente es que el Gobierno diseñe esas iniciativas sociales, se encarguen de las conversaciones con los municipios que amerite, pero quienes ejecuten las obras serán los titulares.
Al respecto, Pardow detalla a este medio que el articulado a presentar tiene incentivos para la realización de los proyectos pero también obligaciones para que las empresas generen soluciones energéticas en los lugares donde se emplazarán esos proyectos: "Por eso, el proyecto de ley contendrá una norma que obligará a las empresas a destinar un 5% de su inversión en, por ejemplo, plantas fotovoltaicas para un grupo de vecinos que vivan en ese lugar".
Las dudas que desata el polémico 5%
Pero aunque el proyecto se valora, en los gremios quedaron dudas. El director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, ve que la iniciativa toma elementos interesantes a debatir. No obstante, considera que Chile ha avanzado profundamente en la transformación energética de la matriz de generación y que "llegó la hora de conversar seriamente sobre las condiciones de seguridad y de suficiencia del sistema eléctrico para que la transición energética pueda avanzar de forma responsable y segura".
"Lamentablemente a la fecha, no hay claridad de la metodología de definir por qué es un 5% y cómo se van a definir los proyectos que van a financiar ese 5%", comenta sobre la fórmula.
Para el director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, es necesario conocer más detalles del proyecto de ley para tener una opinión completa. No obstante, en principio, dice que les parece que "introducir un mecanismo centralizado de inversión obligatoria para financiar iniciativas sociales podría no reflejar adecuadamente las particularidades de los proyectos de transmisión".
Segun argumenta, este tipo de obras tiene lógicas territoriales y constructivas muy distintas a la generación o el almacenamiento, y su viabilidad no siempre está asociada a las comunidades directamente colindantes. Por lo tanto, Tapia dice esperar que el mecanismo que se proponga considere estas diferencias. "Más allá de eso, tenemos ciertas dudas respecto de si esta manera de gestionar los riesgos socioambientales sea realmente más eficaz que otras alternativas”, añadió.
Desde Acera valoran el anuncio, pero advierten que será fundamental revisar el articulado definitivo del proyecto para evaluar su aplicabilidad efectiva. En esa línea, consideran clave que los mecanismos de aceleración regulatoria no se limiten exclusivamente a un conjunto acotado de proyectos, sino que se implementen con un enfoque transversal. Sobre el 5% de aporte de las empresas titulares de proyectos, la directora ejecutiva del gremio, Ana Lía Rojas, sostiene que se debe mirar con atención lo que significa como señal para privados.
"El mecanismo de selección de proyectos elegibles debe enfocarse al objetivo de que busca esta ley, que es acelerar el retiro del carbón y esto debe ejecutarse mediante un criterio técnico, y que no implique una transacción de aportes más, aportes menos. Ahora bien, el mecanismo actuaría como un reemplazo de las compensaciones económicas exigibles dentro de la tramitación de una RCA, por nuevamente, el criterio de selección de proyectos elegibles para acelerar sus permisos no debería desviarse por este mecanismo del 5%", aseguró.
Mauricio Utreras, director ejecutivo de GPM, dijo que consideran clave que en el futuro proyecto de ley "se propongan criterios equitativos que permitan promover iniciativas de generación y almacenamiento de pequeña y mediana escala, en todo el territorio, junto con fomentar la diversificación tecnológica y el ingreso de nuevas inversiones".
Mientras, el director ejecutivo de AGR, Rafael Loyola, señaló que en una iniciativa como la expuesta, "creemos fundamental el que el porcentaje propuesto como aporte tenga consistencia con la rentabilidad esperada de los proyectos y que no se transforme en una exigencia que ponga en riesgo la atracción de las inversiones necesarias para la transición energética de Chile".
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