Tras el retiro de cinco decretos de energía el 11 de marzo, la ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó que el 7 de abril estos fueron reingresados a Contraloría con “modificaciones menores”, desatando un nuevo conflicto con los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) que esperaban modificaciones sustantivas que cambiaran lo trazado en la administración anterior, específicamente en los Decretos Supremos N°88 y 125.
Si bien estos productores eléctricos dejaron sentir su rechazo de inmediato, en el marco del reciente ChileDay 11 firmas generadoras de capitales europeos y norteamericanos (todas PMGD) arremetieron enviando una carta al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtiendo su preocupación por los efectos e implicancias que tendrán estos escritos para la inversión, el empleo, el desarrollo regional, los costos sistémicos y la percepción de estabilidad regulatoria del país.
El punto más crítico para estas unidades -según explican fuentes- es que las modificaciones propuestas reducen significativamente el valor esperado del precio estabilizado, y alteran condiciones económicas bajo las cuales los proyectos fueron financiados.
El miércoles pasado, en un columna publicada en DF, Rincón junto al subsecretario de la cartera, Hugo Briones, señalan que los PMGD generan muchos beneficios, pero también ciertos problemas, siendo el más preocupante el sobrecosto que impacta al sistema y hogares chilenos.
"Los PMGD pueden autodespachar y cobrar un precio fijo -amparados por la norma-, cifra que en muchos casos es más alta que la que cobran otras generadoras en el mismo instante. Incluso, en ciertos momentos del día el costo de la energía producida por esas otras generadoras es cercano a cero, y la distorsión presente en el sistema obliga a priorizar a los PMGD produciendo así una disparidad en el mercado", explicaron las autoridades.
Es en este debate donde extitulares de la cartera de Energía salen a defender los decretos reingresados. Para el exbiministro de Economía y Energía del Gobierno de Gabriel Boric, Álvaro García, los PMGD han sido clave para la producción de energía renovable en Chile, pero asegura que “debemos avanzar en corregir la distorsión que se ha generado en el mercado debido al precio estabilizado que se les otorgó en su momento”. Y lanza: “Estos reglamentos firmados por mí y reingresados por la actual administración van en la línea correcta”.
Según explica García, proponen una coordinación necesaria de los PMGD con el resto del sistema y además “propone un tiempo prudente para poder ir eliminando lo que ha generado una competencia inequitativa con las otras generadoras”. “Estos cambios fueron conversados y trabajados por mucho tiempo con todos los actores de la industria y es un consenso bien amplio. Celebro la decisión de la actual administración de avanzar en esta dirección”, sentencia.
El espaldarazo también llegó desde exsecretarios de Estado de la administración de Sebastián Piñera. “Más allá de mi rol como exministra de Energía, hoy, como presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), represento a muchos pequeños, medianos y grandes productores quienes han invertido en Chile porque hay reglas claras y competencia justa. La situación que se ha producido en el tiempo en torno a los PMGD hay que revisarla”, sincera Susana Jiménez, quien al liderar Energía desató la polémica al impulsar un cambio en el mecanismo de cálculo del precio estabilizado al que accede este sector.
Jiménez dijo que le parece bien la medida en la que avanzan los reglamentos 125 y 88 ingresados durante el Gobierno anterior y reingresados por la actual administración. “Mejoran la coordinación de los PMGD con el resto del sistema y corrige las señales sin cambiar las reglas del juego para quienes ya han decidido invertir en Chile. Es una buena iniciativa”, remató.
En tanto, el exbiministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, señaló que el sistema eléctrico está cambiando muy rápido, y es necesario ir ajustando la regulación para abordar nuevos desafíos: “Los PMGDs son un aporte, pero es positivo que el Gobierno impulse cambios para asegurar que participan del sistema en condiciones que promuevan la competencia y un suministro eléctrico seguro y a bajo costo para los clientes”.
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