Una batería de iniciativas y énfasis que busca impulsar desde su cartera sinceró este miércoles la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien acudió a la comisión de Minería y Energía del Senado para exponer su agenda legislativa y planes durante su gestión.
De entrada, reiteró los principios que guían la agenda ministerial: energía más barata y justa para los hogares y pymes; sistema eléctrico seguro y resiliente (con una "disminución significativa del riesgo de interrupciones masivas de suministro"); y energía como motor de inversión, desarrollo y soberanía energética. Pero, en concreto, anunció los caminos que seguirán en el corto y mediano plazo.
Sin embargo, desplegó un fuerte despliegue de tareas. En cuanto a la agenda legislativa, en el corto plazo, Rincón apuntó que la "única vía" para saldar las deudas provenientes del proceso de reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD) es un proyecto de ley, por lo que pidió que los asesores de los parlamentarios trabajen con el equipo del Ministerio para revisar las alternativas que están explorando para lograr una solución a este tema.
"Nosotros tenemos el VAD del período 2020-2024 que ha quedado suspendido y tenemos ya trazado el período 2024-2030. Y nuestra idea, y las alternativas de solución que estamos trabajando, lo que queremos lograr es que nos permitan ponernos al día. Ya hay muchos meses de atraso", dijo. En esa línea, advirtió que el retraso en la entrada en vigencia de estos decretos genera reliquidaciones, las que deben ser pagadas a las distribuidoras.
En concreto, señaló que los objetivos son establecer un mecanismo que permita enfrentar la situación de cara al país, evitando que se produzcan alzas; saldar la deuda existente producto de las diferencias de facturación con las distribuidoras; y otorgar estabilidad en la tarifas de los clientes a efectos de evitar la heterogeneidad de alzas debido a un factor territorial.
28 meses de retraso acumula el proceso de valorización de la transmisión.
Más tarde, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, precisó el monto al que asciende la deuda con las distribuidoras: "La reliquidación en términos de números hoy día, respecto de la información que nos han ido haciendo llegar las empresas, es de U$ 897 millones aproximadamente. Sin hacer el neteo de los acreedores, que son alrededor de US$ 70 millones de dólares".
En su intervención, Rincón anunció además un proyecto de ley que normalice las tarifas de los clientes regulados para -entre otros objetivos- evitar alzas futuras en las cuentas y "que podamos actualizarnos al 2026 al menos, y crear un nuevo periodo hacia adelante nuevo para que dejemos atrás todo este proceso que arrastramos en la cola".
Esto, tomando el antecedente que el proceso para la fijación del VAD del cuadrienio 2024-2028 que ya tiene un retraso de 16 meses, y también que el proceso de valorización de la transmisión actual tiene un retraso de 28 meses.
Pensando en el mediano plazo, Rincón también recogió una de las demandas más sentidas: un proyecto de ley de reforma al segmento de la distribución. "El diagnóstico es que hay desajuste en el marco regulatorio actual debido a cambios en el segmento que no han sido considerados", dijo, lo que ha provocado -por ejemplo- problemas en la calidad de servicio.
El plan en este caso -precisó- es modernizar el marco regulatorio del segmento; mejorar la calidad y continuidad del suministro del suministro eléctrico a nivel nacional, incentivar las inversiones del sector y establecer mecanismos de planificación de redes de distribución: y avanzar hacia una red de distribución más digitalizada y flexible, que considere usuarios como la electromovilidad, recursos distribuidos y respuesta de la demanda.
"Sería de verdad un tremendo paso que algo similar a lo que hay en generación y transmisión, que es lo que tiene el coordinador, pudiéramos tener a nivel de distribución, que podamos identificar cada punto de llegada de la luz en definitiva a las casas", comentó.
Consultado por DF, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, calificó como "una buena noticia que la autoridad ponga un foco prioritario en resolver los problemas de la distribución, tanto a nivel el tarifario como regulatorio".
US$ 897 millones suma la deuda a las distribuidoras.
En este sentido, agregó, "es clave resolver el tema de la deuda por la reliquidacion del VAD mediante alguna fórmula que sea beneficiosa para los clientes y de garantías a la industria. Y, por otro lado, creemos que es necesario avanzar en cambios regulatorios que permitan mejorar la calidad de suministro para los usuarios y una mayor resiliencia climática de las redes".
"Creemos que es posible generar un mecanismo complementario al esquema de empresa modelo vigente que permita ejecutar, de forma oportuna, inversiones de largo plazo con este foco, alineado a las políticas públicas que defina el Estado", lanzó.
Trabajo de cara al invierno y fortalecer la CNE
En materia de impulso a la electromovilidad, se trazaron objetivos como facilitar la instalación de cargadores eléctricos en edificios residenciales; extender el beneficio de permiso de circulación para autos eléctricos; e impulsar el Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública en ruta. En esto último se piensa que cada 100 kilómetros hayan cargadores.
"Para hacer todo esto hay que hacer modificaciones y son modificaciones legales y nos encantaría poder trabajarlas con ustedes", sostuvo Rincón.
Asimismo, presentó planes prioritarios. En el plan de 90 días, se contempla el diagnóstico e instalación de la Mesa de Normalización Tarifaria y propuestas de correcciones tarifarias.
Después está el plan de continuidad de servicio en el corto plazo: "Estamos trabajando un plan para abordar el invierno. Porque no queremos que se corte la luz. O si se corta, que sea lo menos duro posible. Ya hemos conversado con los alcaldes, con los gobernadores, con las empresas, con los organismos fiscalizadores, de tal manera que tengamos claro todo el trabajo preventivo y que ojalá el Cogrid no se active", agregó.
A lo que se suma la implementación del sistema Alerta Temprana y la transmisión como infraestructura crítica. Ahí se contempla -entre otras acciones- la actualización de la Ley 21.542 de "Infraestrutura Crítica"; y la revisión y actualización de normativa aplicable al robo de cables.
Sobre este último tema, reconoció que este es un "temazo", donde "todas las compañías nos han ido a reclamar de esto". "Estamos revisando la normativa que se sacó en esta materia, los proyectos de ley, y viendo qué es lo que es necesario agregar a lo que hay hoy día. Tenemos reunión mañana con los ministros de Vivienda, Seguridad, Carabineros para revisar robo de cables por un lado y las conexiones irregulares por otro", sostuvo.
Otros quehaceres para el horizonte de 90 días son la implementación de medidas post apagón del 25 de febrero, agilización de permisos y el seguimiento a escenarios condicionados en sede judicial. En último caso se refiere a la determinación de sanciones a Enel Distribución, así como respecto del cumplimiento de los plazos para las medidas que debe adoptar para minimizar efectos en la discontinuidad del servicio.
Mientras, pensando en el período 2026-2030, figura Ley Permiso Ágil, Programa de anticipación de riesgos y resiliencia energética, y un marco regulatorio para data centers y economía digital verde. Se suma la integración energética regional y corredor bioceánico; y el fortalecimiento institucional del sistema eléctrico donde -según dijo Rincón- cree que "se puede hacer mucho más y hay que fortalecer a la CNE".
Reingreso de decretos
Tras el retiro de cinco decretos de energía el 11 de marzo, Rincón informó que todos fueron reingresados la tarde de este martes, realizándose "modificaciones menores". Tras el encuentro, apuntó que "teníamos que hacer que conversaran con una ley que se aprobó posteriormente a esos decretos de tal manera de ser coherentes legislativamente, normativamente. Esperamos que de esta manera se termine la preocupación que había sobre la tramitación de los decretos. Sobre todo, el 125 y el 88, decretos que tienen que ver con almacenamiento, con PMGD y que obviamente son importantes para dar certeza jurídica”.
Por ejemplo, respecto al DS 125 respecto al reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico, se incorporó la obligación del Coordinador de aplicar esquemas alternativos de despacho en caso de falla del esquema automático. Mientras, en el DS 88, sobre el reglamento para Medios de Generación de Pequeña Escala (PMGD), se estableció que aquellos PMGD existentes que decidan incorporar sistemas de almacenamiento a sus instalaciones no podrán acogerse al mecanismo de estabilización de precios regulado en la versión previa del DS 88.
Al respecto, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, comentó que "revisándolos encontramos que estaban bastante bien. Hicimos algunas precisiones menores".
En materia de lo que es el precio de estabilización, por ejemplo, que afecta a los PMGD, Briones sostuvo que consideran que esto es básicamente un tema que debe corregirse. "Mantuvimos lo que decía el decreto. Y básicamente porque hay cobros que se estaban haciendo y traspasando a los clientes definitivos, los clientes o usuarios finales que somos nosotros digamos, y los PMGD se veían beneficiados injustamente por este tema", dijo.
Consultado, Mauricio Utreras, director ejecutivo de Generadores Independientes de Energía, mostró reparos: "El rápido reingreso de los DS 88 y 125 deja la sensación de que no hubo espacio suficiente para escuchar a todos los actores del sector, pese a las más de mil observaciones técnicas, los antecedentes presentados ante Contraloría y los estudios con propuestas trabajadas con los propios actores afectados, buscando un adecuado equilibrio regulatorio".
Según explicó, "preocupa que, en lo sustancial, se mantenga la línea de la administración anterior, con efectos ya advertidos como reducciones cercanas a 20% en los ingresos de proyectos PMGD y restricciones a su hibridación. Lo que está en juego es la certeza jurídica y la confianza de quienes invirtieron bajo reglas que volverán a cambiar en Chile".
En la cita, Rincón presentó a su equipo, destacando que confirmaron en su cargo a la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza. Y que Andrea Soto se sumó como nueva jefa de la División Jurídica del Ministerio, quien se desempeñó como fiscal en el Ministerio del Trabajo cuando Rincón asumió dicha cartera.
Además, adelantó que el llamado a concurso para definir al nuevo secretario ejecutivo de la CNE (hoy Maurio Funes ejerce como subrogante) debiera salir el domingo tras ser convocados por el Servicio Civil para la definición del perfil del cargo.
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