El gobierno activó un plan para que las empresas eléctricas eleven el pago de patentes en regiones. Esto como parte de una nueva Política de Desarrollo Local Sostenible y Asociativo, vinculado a proyectos de energía que prepara el ministerio liderado por Andrés Rebolledo.
Esta nueva política -destacan desde el ejecutivo- traza el camino para desarrollar cuatro lineamientos y cinco de las metas propuestas para el año 2035 como parte de la Agenda Energética lanzada en 2015 por la administración de Michelle Bachelet.
Como parte del proceso, hace unos días se lanzó una consulta pública en la que se informó que el Ministerio de Energía trabajará en coordinación con Subdere para analizar las vías posibles para que los proyectos de energía puedan pagar una mayor proporción de sus patentes en las comunas donde se instalan.
¿Cuáles serán las alternativas? En el ministerio explicaron que por el momento no es posible identificar las fórmulas que se analizarán. Sin embargo, destacaron que el 2014-2015 se trabajó el tema y se identificó que un camino posible podría ser el rediseñar la fórmula de cálculo, de manera que el peso del número de trabajadores no fuera el de mayor relevancia, sino también incorporara otras variables propias a proyectos de energía, como la potencia de placa u otras.
Esto permitiría que una mayor proporción de las patentes se pague en el lugar donde está instalada la central de generación y no donde se acumulan la mayor cantidad de trabajadores.
De acuerdo a un levantamiento que se hizo en el ministerio en 2015, se observó que el 75% del monto pagado en patentes municipales, se canceló en las que están fuera de la Región Metropolitana. Para el ministerio, ese porcentaje deja un margen de crecimiento posible donde apuntar.
Junto a esto, un siguiente paso sería además el poder focalizar el pago de patentes en las mismas comunas donde se genera. Según la autoridad, esta temática responde a una demanda de alcaldes y vecinos para que la presencia de centrales de generación de energía en una comuna, se traduzca en mayor desarrollo, explicaron en la secretaría de Estado.
Comunidades propietarias
Además, la política propuesta -y sometida a consulta pública- establece cuatro líneas de trabajo. La primera, fomentar procesos de diálogo y participación ciudadana en torno a proyectos energéticos.
La segunda, potenciar la posibilidad que los habitantes locales se inserten en la cadena de valor de los proyectos energéticos, ofreciendo recursos humanos, bienes o servicios para su desarrollo.
La tercera, que los proyectos energéticos puedan realizar inversiones sociales en los territorios donde se instalan. Por último, fomentar que las comunidades puedan ser parte de la propiedad de proyectos energéticos, a través de procesos de consentimiento previo, libre e informado y modelos cooperativos de organización.
Esto se hará a través de la implementación de proyectos impulsados por pequeños productores y comunidades interesadas en aprovechar los recursos energéticos de su territorio.
Lo anterior -según el ministerio- permitirá que las comunidades tengan un rol de “prosumidores” (productor y consumidor) en el sistema energético, con el fin de potenciar el desarrollo local y contribuir a redireccionar el cambio climático, a través de la generación de proyectos colectivos de autoabastecimiento de energía, o para apoyar el desarrollo productivo o de servicios (agua potable rural, secado de fruta o leña, procesos de riego) o para vender energía al sistema.
En otra línea, se anunció que en el corto plazo se trabajará con otros servicios públicos para analizar las condiciones necesarias para que los recursos destinados por los proyectos de energía al desarrollo local, eventualmente sean reconocidos como gastos necesarios para producir renta.
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