Más de seis meses lleva en trámite ante la Contraloría General de la República el decreto que fija cada cuatro años la remuneración que reciben las distribuidoras eléctricas por prestar su servicio a los clientes regulados, factor denominado Valor Agregado de Distribución (VAD).
El documento fue ingresado a toma de razón en noviembre y -según trascendió- habría sido devuelto varias veces por el organismo liderado Jorge Bermúdez para ser sometido a correcciones o ajustes en distintos factores, como las economías de escala que se establecen para definir las tarifas de los servicios que prestan las cerca de 40 concesionarias que operan en el país.
La estimación de entendidos en estos temas es que el análisis de la Contraloría podría tomar incluso un par de meses adicionales. Este habría sido el motivo de la audiencia que el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, le pidió a Bermúdez y que se realizó este lunes. Consultada la cartera por este tema, dijeron desconocer el motivo de la reunión.
Esta fijación del VAD, que en este caso rige para el período 2016-2020, es el cuarto proceso que se realiza y aunque es usual que la tramitación en la Contraloría tome varios meses, en este caso puntual esto tiene consecuencias, ya que en el decreto incluye el mecanismo que socializa entre todos los clientes del sistema el cobro por corte y reposición, eliminando así su pago en forma individual por parte de cada usuario.
Este cargo formaba parte de los denominados servicios asociados a la distribución eléctrica y su eliminación -según el criterio del Ministerio de Energía- fue uno de los anuncios realizados en el marco de las medidas de equidad tarifaria que impulsó el gobierno, con lo cual será incluido como parte de los servicios generales que las empresas distribuidoras deben prestar a las familias chilenas. Es decir, será incluido dentro de la tarifa general a un costo estimado por la autoridad de $ 0,38 por KWh.
Monto referencial
En la industria explican que ese monto sería referencial, ya que en el decreto pendiente aún de toma de razón se establece que el cobro por el servicio de corte y reposición se fijará en forma retroactiva, cada seis meses (en abril y octubre), a partir del número de operaciones que informe cada una de las distribuidoras, razón por la cual este cargo podría ser variable, dependiendo de la masividad de esta práctica.
El mecanismo actual establece que las distribuidoras están autorizadas a cobrar unos $ 12.000 por este ítem asociado a su servicio. En 2015, las empresas distribuidoras recaudaron unos $ 13.299 millones (unos US$ 18,7 millones) por este concepto al aplicar el corte y reposición a 1,4 millón de clientes.
En enero de este año el ministro de energía, Andrés Rebolledo, anunció el inicio de este sistema, aunque a las empresas se les instruyó en noviembre dejar de hacer el cobro, sin que hasta ahora sea posible saber si el número de operaciones se mantuvo en los rangos previos al ajuste normativo o si se incrementó como temían algunos.
De hecho, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) es la entidad que recibe los informes de las empresas y consultada por el primer informe, que según fija la norma correspondía al de abril pasado, la respuesta fue que “la Comisión Nacional de Energía (CNE), en el decreto del VAD, espera habilitar las operaciones de corte y reposición dentro de esta modalidad.
Sin embargo, el decreto que implementa esta forma de recaudar el valor de dichos servicios no ha terminado su proceso de revisión por parte de la Contraloría General de la República, por lo que, de momento, la SEC no puede realizar dicho envío de información a la CNE”.
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