Este miércoles -hasta total despacho- se buscará en la comisión de Minería y Energía del Senado zanjar el proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico.
De cara a la cita, el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, envió el viernes una carta a la instancia donde compartió algunas reflexiones sobre ciertos ajustes recientemente discutidos o aprobados, particularmente relativos a los usuarios electrodependientes y al manejo de vegetación con impacto en la continuidad del suministro.
En la misiva, a la que tuvo acceso DF, el gremio -que reúne a las principales compañías de distribución de electricidad del país- apunta a perfeccionar tanto la redacción final de indicaciones ya aprobadas como las que se votarán el miércoles. En sí, abordan tres temas presentados por los senadores Juan Luis Castro (PS) y Yasna Provoste (DC).
En cuanto a la indicación sobre el registro de electrodependientes y su actualización, tarea que se le endosa a las distribuidoras, si bien valoran el objetivo que persigue en cuanto a mejorar la atención prioritaria a usuarios en esta condición, estiman que la redacción aprobada podría revisarse, en atención a la carga que se impone exclusivamente a las distribuidoras, sin considerar lo dispuesto por la regulación vigente.
Para el gremio, parece más razonable avanzar en la creación de un registro único de electrodependientes administrado por el Ministerio de Salud, con acceso restringido a las distribuidoras solo para fines operativos, previa instrucción de la SEC.
También abordan una indicación que exige instalar medidores inteligentes en todos los domicilios de electrodependientes antes del 31 de julio de 2025. El gremio indica que esto ya está establecido en la normativa, la que fija como plazo para cumplir esta obligación el 31 de marzo de 2026, por lo que imponer por ley un plazo anterior podría generar -entre otros efectos- distorsiones operativas. Y sugieren que el texto legal mantenga consistencia con la norma técnica.
Y, en cuanto a lo relativo a la poda y mantenimiento de vegetación, valoraron que reconozca la relevancia del manejo de vegetación para la continuidad del servicio, en especial frente a eventos meteorológicos extremos. Sin embargo, advirtieron que la redacción propuesta asigna una responsabilidad directa y generalizada a las empresas distribuidoras, sin distinguir entre lo que corresponde dentro de la franja de servidumbre eléctrica y lo que está fuera de ella.
El gremio aprovechó la misiva para enfatizar que tanto en el caso del manejo de vegetación como en el del respaldo a pacientes electrodependientes, se está ante desafíos que requieren la acción coordinada de múltiples actores del sistema. “Reasignar unilateralmente esas obligaciones exclusivamente a las empresas de distribución eléctrica no solo resulta jurídicamente cuestionable, sino que también genera riesgos de ineficiencia y desprotección para los mismos ciudadanos a quienes se busca beneficiar”, aseguró el gremio.