María Teresa González, country manager de Statkraft en Chile respalda agilizar permisos, pero advierte: “Por ningún motivo nos podemos saltar la fila”
A su juicio, acelerar “la tramitación no puede debilitar la protección del patrimonio del país, cualquiera sea el proyecto”.
Por: Karen Peña
Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.
Foto: Julio Castro.
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No solo en la vereda de los expertos comienzan los análisis para estimar los efectos que puede tener el proyecto de reactivación económica presentado por el gobierno. Una pieza clave en esta evaluación viene desde las empresas que arrastran, en algunos casos, extensas historias de tramitación de sus proyectos de inversión.
Una de ellas es la noruega Statkraft, que impulsa una obra insigne en el debate de la denominada permisología: el complejo hidroeléctrico Los Lagos, emplazado en la Región de Los Ríos.
Tras comenzar la construcción de la iniciativa en agosto de 2019, en noviembre de 2021 la Corte Suprema determinó la realización de una consulta indígena a cargo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) por hallazgos arqueológicos no previstos que fueron denunciados por una comunidad opositora, lo que hasta el momento ha impedido su operación. Esto, pese a que desde la empresa han indicado que dichos hallazgos sí estaban considerados en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Un reciente hito, clave para la compañía, fue que después de cuatro años y US$ 50 millones de sobrecostos, logró poner punto final a la consulta indígena.
Sin embargo, aún no está todo dicho. Actualmente, están en la fase arqueológica de rescate de objetos, donde será crucial aprovechar la ventana hidrológica para hacer el llenado del embalse con miras a comenzar a operar a fines de este año o inicios del próximo.
Si bien desde la firma noruega están estudiando el articulado presentado por el gobierno y están a la espera de los detalles de cada propuesta, ponen la cuota de cautela. La country manager de Statkraft Chile, María Teresa González, respalda el objetivo de reactivar la economía, pero deja en claro que la agilidad no puede implicar “pasarse la fila” a la hora de cumplir estándares ambientales y sociales.
“La falta de criterios oportunos y diferenciados puede generar procesos extensos y costosos, sin que ello se traduzca en mejor protección o puesta en valor del patrimonio”.
Esto, a pesar de las dificultades que como empresa han enfrentado en el camino.
- ¿Qué le parecen las propuestas en materia ambiental que están en el proyecto de reactivación económica presentado por el Presidente de la República? ¿Hay alguna medida que les preocupe en particular o que, en definitiva, no sea viable?
- Mi convicción es que toda propuesta que tenga como dirección la reactivación económica es una buena noticia, pero se debe realizar siempre bajo estándares ambientales y sociales. Las empresas tenemos una tremenda responsabilidad en eso y por ningún motivo nos podemos saltar la fila.
- ¿Qué opina de la restitución de gastos cuando las RCA sean anuladas judicialmente y también que se disminuyan las adendas?
- No conozco en detalle esa idea y en qué casos se aplicará. Creo que el objetivo desde una mirada en perspectiva es que logremos que los proyectos ingresen de la mejor forma al sistema y en diálogo con las comunidades involucradas. Aquí el Estado puede tener un papel muy relevante para liderar procesos en esa línea.
- En estos momentos están en la fase arqueológica de rescate de objetos. ¿Cómo van esos trabajos?
- Estamos trabajando fuertemente en terreno. Hemos ingresado ya dos informes y esperamos que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) revise esta información y pueda aprobarlos para continuar con el proceso. La meta se mantiene y estamos enfocados en eso, siempre asegurando la mayor rigurosidad en el proceso de caracterización y rescate arqueológico.
Protección arqueológica
El proyecto misceláneo incorpora una reforma al funcionamiento del CMN. Eso se traduce en dos grandes cambios. El primero es la imposición de plazos fatales para esta institución, que ahora dispondrá de 20 días corridos para pronunciarse sobre un eventual hallazgo arqueológico en un proyecto y, si no hay respuesta, el interesado podrá continuar sus faenas.
De hecho, en vez de realizar la denuncia obligatoria a Carabineros, la persona -natural o jurídica- que detecta algún resto de potencial valor arqueológico debe adoptar las medidas de resguardo y el CMN tendrá cinco días hábiles para verificar el descubrimiento en terreno.
Segundo, se introduce una figura llamada “intervenciones menores”, que permite que se ejecuten obras de bajo impacto mediante un aviso electrónico con aprobación automática, eliminando la necesidad de autorizaciones previas.
- Considerando la experiencia que han tenido con el complejo hidroeléctrico Los Lagos, ¿qué le parecen las propuestas en cuanto a los hallazgos arqueológicos?
- Nos parece positivo que se ponga el foco en mejorar el sistema de permisos. Pero en la discusión sobre permisología es fundamental mantener un equilibrio adecuado. Agilizar la tramitación no puede debilitar la protección del patrimonio del país, cualquiera sea el proyecto. Pero también creemos que el sistema necesita claridad, proporcionalidad y certeza. La experiencia demuestra que la falta de criterios oportunos y diferenciados puede generar procesos extensos y costosos, sin que ello se traduzca en mejor protección o puesta en valor del patrimonio.
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