Medio Ambiente
Exministra Maisa Rojas se lanza contra postergación de implementación del SBAP: Demuestra "una baja capacidad de gestión en los 99 días de este gobierno"
En una carta en El Mercurio -firmada junto al exministro Mena y el extimonel del SBAP-, aseguró que el cambio de fecha del traslado desde Conaf al SBAP amplifica riesgos, porque se hará en temporada de incendios forestales y de alto flujo de visita en parques nacionales.
Por: Karen Peña
Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 13:40 hrs.
Maisa Rojas, exministra del Medio Ambiente. Fotos: José Montenegro
No solo el regreso al debate del Comité de Ministros en el marco de la tramitación legislativa de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es cuestionado por la exministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Este miércoles, salió con fuerza a repudiar la postergación del traspaso de áreas protegidas y trabajadores desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) a partir de marzo de 2027, hito que estaba planificado para el 1 de agosto de este año.
A través de una carta al director en El Mercurio, Rojas -junto al exministro de la cartera Marcelo Mena, y el exdirector de la Conaf y el SBAP, Aarón Cavieres (quien debió abandonar este último organismo al ser solicitada su renuncia a pocos días del aterrizaje del nuevo gobierno)- aseguraron que el reciente anuncio sobre la postegarción del traspaso de guardaparques de Conaf para marzo de 2027 "rompe el proceso de implementación de esta política de Estado y es una mala noticia para el cuidado de la naturaleza, los compromisos adquiridos con los guardaparques y las personas que viven en Chile".
Las exautoridades arremetieron duramente contra la decisión en la misiva titulada "Una pésima señal" publicada por el periódico. Según plantearon, "es demostración de una baja capacidad de gestión en los 99 días de este gobierno para el cumplimiento con las fechas acordadas de manera conjunta entre SBAP, Conaf, Ministerios y funcionariado".
En esa línea, remarcaron que durante más de un año se trabajó en una Mesa Nacional de Gestión del Cambio, donde participaban no solo SBAP y Conaf, sino que representantes de los ministerios del Medio Ambiente y Agricultura, y el Servicio Civil.
Y advirtieron: "La anunciada postergación no solo ralentiza la implementación del SBAP, sino también amplifica riesgos, porque se planea realizarla en plena temporada alta de incendios y de mayor visita a los parques nacionales de todo el país".
En el texto se destacó que el SBAP es una política de Estado y la pieza faltante de la institucionalidad ambiental para el cuidado de la riqueza natural del país. De hecho, recordaron que el Servicio fue aprobado por una mayoría transversal en el Congreso en 2023, tras más de 10 años de discusión parlamentaria.
Las exautoridades sentenciaron que "este anuncio, junto con el retiro de los 43 decretos ambientales -solo se han reingresado seis y entre los no reingresados figuran dos reglamentos laborales para este servicio- son una nueva muestra de que la protección del patrimonio natural de nuestro país no ha sido relevante para este gobierno y que las autoridades, que anunciaron poner énfasis precisamente en la gestión, le están restando credibilidad a este nuevo servicio en vez de cuidarlo institucionalmente".
Motivos del cambio de fecha
Este martes, en un comunicado, firmado por Conaf y el SBAP, junto con anunciar la decisión de postergar la fecha del traspaso, se explicó que, luego de un detallado análisis para cumplir con el mandato legal de traspaso de la administración de las áreas protegidas desde la Conaf al SBAP, "se han identificado una serie de situaciones en la planificación y ejecución" de este último Servicio, generadas en la administración anterior.
De ahí la conclusión que -según señalaron- "no están dadas las condiciones adecuadas para concretar este proceso de manera seria y responsable, en las fechas establecidas por las autoridades del pasado gobierno".
Asimismo, atendida la gravedad de todos los antecedentes, se resolvió instruir un sumario administrativo para investigar las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos, lo cual -indicaron- ya fue informado a la Contraloría General de la República.
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