Facilitar el diálogo entre comunidades y las empresas es el principal objetivo de Valor Minero, uno de las iniciativas mediante las cuales se allanó el camino para la conciliación anunciada el viernes pasado por el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, con la que se buscará un camino alternativo para el proyecto minero-portuario Dominga.
Creada en 2013, la organización público-privado busca instalar un modelo para destrabar inversiones en grandes proyectos en el país, definiéndose como promotores y habilitadores de “un diálogo orientado a la construcción de acuerdos entre la diversidad de intereses que conviven en el sector y la confianza que permita la sostenibilidad de esos acuerdos”.
Bajo esta premisa es que la organización -que dirige el exministro Alvaro García- impulsa un proyecto llamado “Institucionalidad de Diálogo Territorial”, que corresponde al diseño de políticas públicas para ordenar la relación que existe entre las comunidades, las empresas y el propio Estado alrededor de grandes proyectos de inversión, tal como ocurre con Dominga, cuya intensidad de capital supera los US$ 2.500 millones.
La propuesta busca dar respuesta a la carencia que existe hoy en día para el diálogo entre los protagonistas , pero del mismo modo, responder a las necesidad que tiene el país para atraer un mayor nivel de inversiones “que cumplan con ser virtuosas, inclusivas y sostenibles”.
A través de este mecanismo, que sería presentado a mediados de este año, se busca establecer procesos transparentes, mediante los que además, se pueda potenciar el desarrollo de los territorios.
“Chile necesita recuperar las confianzas. A partir de allí ganan las empresas, las comunidades y el país entero”, ha dicho García en el marco de esta iniciativa.
Las razones de impulsar esto se basa en las dificultad que tienen los grandes proyectos en territorio local, los que tardan en promedio cuatro años en ser aprobados, plazos que han ido aumentando últimamente. Desde 1990 son hasta 49 los megaproyectos envueltos en controversias y según cifras que maneja el Tribunal Ambiental, el 80% del valor económico de los proyectos hoy está en tres instancias: el Comité de Ministros, los Tribunales Ambientales y la Corte Suprema.
El objetivo es que con este tipo de herramientas se pueda agilizar la concreción de las grandes obras, una de las prioridades que ha anunciado el nuevo gobierno.
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