Aunque la arista penal del caso Corfo-SQM se inició en septiembre del año pasado, por estos días su nivel de actividad se incrementó fuertemente.
El miércoles cerca de 30 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y Aduanas llegaron hasta las operaciones de la minera no metálica en el salar de Atacama.
Conocedores del procedimiento comentaron que la diligencia ordenada por el fiscal del caso, Jaime Retamal, de la unidad Metropolitana Centro Norte, se extendió durante gran parte de esa jornada e incluyó la toma de muestras de salmueras.
Esta arista surgió a raíz de una denuncia del diputado Alberto Robles, que el año pasado pidió indagar si la minera no metálica efectivamente vende ciertos productos químicos a un precio menor al de mercado. Concretamente, se busca establecer si la empresa ha estado exportando salmueras (material sin procesar) y si eso contraviene los términos del contrato con la agencia estatal.
La presencia de la policía civil despertó incomodidad entre los trabajadores de la faena, quienes no sabían cómo reaccionar ante un tema al que le atribuyen un fondo político.
De alguna manera esta diligencia se veía venir, ya que el propio vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, comentó a inicios de junio en la comisión investigadora que analiza este tema en la Cámara de Diputados que el organismo que dirige, así como otros vinculados en la cadena de valor del litio, como la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) y Aduanas, se reunirían con el fiscal Retamal para analizar junto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) el avance de la investigación con miras a definir si la entidad presentará una querella, lo que en ese momento estaba en evaluación.
En esa oportunidad, Pablo Lagos, fiscal de la corporación, explicó que a raíz de que les fue imposible verificar la información para dar sustento a la demanda, ya que la minera respondió a su solicitud de antecedentes enviándoles un camión con 16 cajones de documentos, se inició el estudio penal, aprovechando la querella Robles. En ese marco, Corfo se contactó con el fiscal, le ofreció colaboración y le entregó documentos.
En ese entonces, agregaron que era necesario abrir una arista penal porque se considera que había una actitud fraudulenta de SQM.
La ofensiva se ha visto reforzada por dirigentes sindicales de Constramet -que agrupa a organizaciones de la industria-, que pidieron directamente a Bitran que se querelle contra la minera, según se publicó en abril.
“En ninguna de sus partes los contratos que tiene SQM, la autorizan para exportar dicho producto”, dijeron los dirigentes en abril, quienes insistieron con Bitran a fines de mayo.
Consultados en SQM señalaron que la comercialización de salmueras de litio, según establece el contrato, es autorizado cada vez por la CChEN, lo que recientemente fue respaldado ante la comisión que investiga el tema en la Cámara de Diputados, el 17 de mayo.
Agregaron que “SQM ha producido y exportado solución de Cloruro de Litio desde 2007, cuando se descubrió la necesidad de proveer litio para producción de litio metálico sin necesidad del proceso adicional de producción de carbonato de litio agregando carbonato de sodio, que el litio metálico no requiere”. Esto se le vende a Ganfeng Lithium CO.
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