La larga espera por conocer de manera definitiva la sanción al proyecto Pascua-Lama, propiedad de la canadiense Barrick, está pronta a llegar a su fin. El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, cuenta que el organismo está trabajando en los detalles de la sanción, que esperan sea dada a conocer a mediados de año.
“En términos constructivos, hoy tenemos la obra gruesa terminada, están las paredes arriba, las ventanas puestas y las redes de agua y luz instaladas. Ahora, entramos en la fase final, las terminaciones”, ejemplifica la autoridad.
Proceso todavía en curso luego que la justicia ambiental -y posteriormente la Corte Suprema- ordenara rehacer la sanción aplicada al proyecto en 2013 debido a la falta de fundamentación del acto administrativo y la utilización de la figura del concurso infraccional.
Franz comenta que entre el fallo del tribunal ambiental y el pronunciamiento de la Corte Suprema pasó casi un año, periodo en el que se mantuvo el “status quo” del proceso, a la espera de lo que se determinara.
Ya resuelta la incertidumbre, comenzaron a trabajar acuciosamente en el análisis de los 33 cargos contra el proyecto, que cuenta con más de 1.000 documentos ingresados por las partes. “Pascua-Lama es el caso más importante que tiene la SMA hoy por hoy. Es un proyecto altamente complejo”, recalca Franz.
“Hay que poner extrema atención en la calidad del trabajo para llegar a una resolución que sea justa, proporcional a las infracciones cometidas y probadas en el proceso y que, al mismo tiempo, satisfaga el estándar ambiental impuesto por el tribunal”, añade.
Franz está consciente de que cualquiera sea la resolución final, puede ser revisada por la justicia, por lo que “tiene que ser una resolución ejemplar, a prueba de balas”.
“En este caso, como en todos, lo que buscamos es llegar a una resolución que como institución nos deje tranquilos y que podamos ir a defender a los tribunales. Prefiero demorarme un poco más, pero firmar resoluciones finales que cuando sea necesario, al discutirlas en tribunales, podamos ganarlas”, subraya.
Hoy, el 80% de las actuaciones de la SMA que son judicializadas, son ganadas por el organismo.
Promoción del cumplimiento
Pero no solo el proceso contra Pascua-Lama ocupará a la SMA. Franz cuenta que esperan profundizar la promoción del cumplimiento, estrategia que hará que lo invertido a través de los programas propuestos por los titulares superen a las multas impuestas por la autoridad.
En 2015, las multas aplicadas por el organismo ascendieron a US$ 40 millones, mientras que los programas tenían aparejadas inversiones por US$ 25 millones. En 2016, fueron aprobados 86 programas de cumplimiento y uno solo de ellos supera los US$ 20 millones en inversión, el de la mina Sierra Gorda.
“Hemos promocionado el uso de esta herramienta, pero somos muy celosos en su revisión y solo cuando cumplen todos los requisitos se aprueban, y si esto ocurre somos también muy celosos en su fiscalización”, explica.
Añade que “cuando un solo programa de cumplimiento involucra inversiones por US$ 25 millones significa que esos recursos serán usados para solucionar un problema ambiental. Si es impuesto como multa, esa plata va para arcas fiscales y termina subsidiando otro programa gubernamental, que está bien, pero el problema ambiental persiste”.
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