El 30 de mayo de 2024, la mayor productora de litio del mundo y segunda extractora de este mineral en Chile, la estadounidense Albemarle, pidió a las autoridades ambientales, en concreto, al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta que revise los permisos para operar en el Salar de Atacama tanto de esta empresa como de su competidora SQM.
Albemarle explicó que “los niveles en los acuíferos que sustentan las lagunas existentes en el borde del Salar reflejan una tendencia centimétrica a la baja en puntos específicos que son monitoreados como parte de nuestras obligaciones ambientales”.
Aunque la firma acota que esta situación se daría por causas multifactoriales -extracción de agua para distintos fines, las condiciones meteorológicas y las precipitaciones- un parámetro que pide evaluar es cómo impactan “las actividades extractivas que realizan las distintas compañías que operan en el entorno del Salar”. Es decir, la misma Albemarle y SQM.
A 16 meses de la solicitud, de parte de la autoridad solo hay silencio. “Hace dos meses se había puesto en tabla una sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta para revisar nuestra petición, lo que finalmente no ocurrió”, hace ver la norteamericana.
Pero abogados del sector precisan que “la resolución de admisibilidad de este tipo de solicitudes ha sido históricamente lenta. Estamos hablando de alrededor de 10 a 12 meses promedio en resolver solo la admisibilidad”, dicen.
En este caso particular, el mayor tiempo se sustenta en la complejidad técnica de la solicitud que se está haciendo, involucrando además resoluciones de calificación ambiental (RCA) de dos proyectos distintos, indicó un profesional que asesora a SQM, algo en lo que Albemarle no coincide.
La mayor productora mundial expresa tener un “gran interés poder trabajar con los organismos técnicos del Estado” y así “preservar la sostenibilidad del Salar”.
Aunque Albemarle sustenta su petición con un compromiso corporativo para “tener operaciones responsables y sostenibles”, hay voces que advierten intenciones menos altruistas.
“Albemarle ha tenido problemas históricos con la activación de sus planes de alerta temprana (PAT), lo que impacta en la cantidad de agua y salmuera que pueden extraer”, señalan en la industria. Tanto es así que tienen un procedimiento sancionatorio en curso por el mismo PAT que a través de la solicitud de revisión quieren que se modifique. “Albemarle está tratando de meter a SQM como causante de la permanente activación de ese PAT, sin tener antecedentes técnicos que así lo prueben”, dijo un conocedor.
En el fondo, añaden, el interés que hay detrás es uno económico -menor productividad por activación de su PAT- y no la variación sustantiva de una variable ambiental, explica un abogado de la plaza.
Efecto en Codelco-SQM
Un tema que ronda es qué tanto empaña esta petición al acuerdo Codelco-SQM y si este factor está detrás de la demora del SEA en admitir a trámite la solicitud de Albemarle. Según la estadounidense, no hay causalidad en ello. “El buscar e identificar mejores prácticas que permitan extraer salmuera en el largo plazo de manera sostenible, sólo puede aumentar la certeza para las operaciones actuales y viabilizar proyectos futuros”, dice la mayor productora de litio del planeta.
Un profesional cercano a SQM tampoco cree que haya algún efecto. “Creo que directamente no, sobre todo considerando que la revisión se pide sobre la RCA que ampara la operación actual y el acuerdo SQM-Codelco versa fundamentalmente sobre el proyecto Salar Futuro, que será materia de una evaluación ambiental y RCA nueva, en un procedimiento distinto”.
No obstante, este experto advierte que sí “podría sí haber un impacto indirecto, en el sentido de que tener un proceso de revisión abierto de alguna manera contamina la evaluación ambiental de un proyecto nuevo”. Esto podría darse si, de forma paralela, se evalúa ambientalmente Salar Futuro y se revisa la RCA que ampara la operación actual de SQM y la de Albemarle.
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