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Publicado: Viernes 10 de octubre de 2014 a las 05:00 hrs.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ordenó iniciar una investigación contra Socofar, matriz de Cruz Verde, relacionada a las compras que ha realizado la compañía de los centros médicos oncológicos Oncoisa y Red Vida.
Según el documento de la FNE, la investigación se fundamenta en que las operaciones en cuestión, inciden en rubros de alto impacto para los consumidores en general, como son el mercado de la prestación de salud y el ámbito farmacéutico. Además, que en caso de que Socofar comprara otro distribuidor de medicamentos “podría incrementar la participación de un actor relevante en los mercado de distribución mayorista y minorista de medicamentos a nivel nacional”.
A esto agrega la Fiscalía que ante la ausencia de datos públicos relativos a las participaciones de mercado de los prestadores y distribuidores adquiridos por la compañía, “resulta imposible para este servicio determinar el grado de concentración” resultante de las compras.
Por lo mismo, para realizar mayores indagaciones para obtener información con mayor detalle y así evaluar el riesgo anticompetitivo, se decidió iniciar la investigación.
Primeras medidas
Las indagaciones de la FNE partieron en mayo, tal cual informó Diario Financiero entonces, aunque inicialmente se pensaba que éstas estaban dirigidas a las cláusulas anticompetencia que contenían los contratos de compraventa.
Según contaron cercanos en mayo pasado, hasta el organismo fiscalizador habrían llegado antecedentes de que Socofar -controlada por Guillermo Harding- habría firmado nuevos contratos con cláusulas que tendrían extensión por periodos de 10 años. Entre las compras bajo escrutinio estarían las firmas Redsana, Oncoisa y Oncovida, señalan entendidos, quienes agregan que incluso las mismas cláusulas se habrían establecido en la salida de algunos ex ejecutivos de la compañía.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.