El Tribunal de Juicio Oral de Punta Arenas resolvió condenar por delitos de contaminación de aguas y prestaciones de declaración jurada falsa ante autoridades administrativas a cuatro exejecutivos de la antigua administración de Nova Austral: el exgerente general, Nicos Nicolaides; el exgerente regional de Magallanes, Drago Covacich; y los exjefes de área, Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson.
No obstante, los imputados fueron absueltos del delito de fraude de subvenciones: se les acusaba de haber defraudado al Fisco por cerca de $59 mil millones, por haber obtenido bonificaciones indebidas por la Ley Navarino, norma que entrega beneficios tributarios a empresas que operen en la Región de Magallanes. La Fiscalía evaluará si recurrir respecto a ese punto.
El quinto involucrado en la causa, el exgerente de Producción, Arturo Schofield, ya había sido condenado en enero por contaminación de aguas y fraude de subvenciones.
Las condenas y sanciones para los exejecutivos se conocerían durante la próxima semana. Arriesgan distintos niveles de presidio menor y multas.
Estos ejecutivos fueron querellados por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que los apuntó por haber falsificado y adulterado los datos reales de siembra, cultivo, cosecha y mortalidad de cada centro de cultivo de la salmonera.
La Fiscalía de Magallanes “probó en juicio la introducción de agentes contaminantes y arena y productos químicos para intentar encubrir el daño ambiental causado por la sobreproducción de salmones, asimismo por falsificar los informes de mortalidad y de ocultar sobresiembra en los centros de cultivo dentro del Parque Nacional, Alberto de Agostini”.
En contraste, los abogados de Nicolaides, Alejandro Espinoza e Ignacio Sotomayor, declararon estar conformes por la absolución respecto al fraude de subvenciones. “La acusación de la Fiscalía y el CDE era una acusación artificial, que se construyó cometiendo graves errores de hecho y normativos”, dijeron.
Añadieron que “en cuanto a la condena por el delito del art. 136 de la Ley de Pesca, esperaremos el fallo para conocer las razones, pero interpondremos los recursos pertinentes, pues es una decisión contradictoria a lo resuelto en materia ambiental, donde se descartó la existencia de daño ambiental, cuestión confirmada por los tribunales superiores de justicia”.
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