Al analizar la situación económica de Puerto Rico, uno podría concluir que su nombre es una ironía. El Producto Interno Bruto se ha contraído cerca de 11% desde 2006. De sus 3,6 millones de habitantes, 45% vive en la pobreza. Un 13,8% de la población no tiene trabajo, cifra que más que duplica la tasa de desempleo de 6,1% de Estados Unidos. Estos números han provocado que más de 450 mil personas abandonen la isla en la última década, lo que ha debilitado la base tributaria.
Debido a los menores ingresos fiscales, el Estado Libre Asociado y sus agencias han tenido que recurrir a los préstamos, acumulando
US$ 73 mil millones en deuda.
A comienzos de año, el territorio estuvo a punto de caer en default, pero diversos fondos de cobertura e inversionistas de la deuda municipal salieron al rescate y compraron la mayor parte de la venta de
US$ 3.500 millones en bonos calificados como basura en marzo, lo que se convirtió en la mayor subasta en el mercado municipal de EEUU. De esta manera, el gobierno puertorriqueño no tendrá que preocuparse del financiamiento hasta al menos mediados de 2015.
Cambio en las reglas
Cuando las dudas sobre la situación financiera de la isla se habían calmado, las cosas volvieron a sacudirse a fines de junio, cuando las autoridades aprobaron una ley que permite que ciertas empresas públicas reestructuren su deuda fuera de un proceso de quiebra. La iniciativa excluye explícitamente al Banco Gubernamental de Desarrollo (GDB, su sigla en inglés) y al Estado Libre Asociado, ya que, al igual que los 50 estados de la primera economía del mundo, Puerto Rico no puede acogerse a la protección de quiebra.
La movida atemorizó al mercado de US$ 3,7 billones (millones de millones) de bonos municipales, porque los fondos municipales son los mayores tenedores de la deuda puertorriqueña.
De hecho, los inversionistas retiraron US$ 790,3 millones de dichos fondos la semana terminada el 9 de julio, el mayor flujo de salida desde enero, según datos de Lipper, una unidad de Thompson Reuters.
El gobernador Alejandro García Padilla defendió la medida y sostuvo que era una manera de proteger la deuda de obligación general.
Por su parte, la secretaria del Tesoro local Melba Acosta y el presidente del GDB David Chafey declararon que la ley “de ninguna manera indica un cambio en el compromiso” de Puerto Rico de honrar sus obligaciones.
Sin embargo, los fondos mutuos de EEUU no quedaron tranquilos. Franklin Templeton Investments y Oppenheimer Funds, que poseen cerca de
US$ 1.700 millones de deuda de la empresa de electricidad, interpusieron una demanda para declarar la ley inconstitucional.
Firma eléctrica en problemas
El foco de una posible reestructuración ha estado centrado en la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico (Prepa, su sigla en inglés). La firma, que suministra casi la totalidad de la electricidad, se vio en aprietos para pagar US$ 417,6 millones en bonos e intereses que vencían el 1 de julio. De hecho, la compañía tuvo que recurrir a sus fondos de reserva para cumplir con sus obligaciones.
Hace una semana, Prepa, que suma US$ 8.600 millones en deuda, anunció que llegó a un acuerdo con sus acreedores para posponer hasta el 31 de julio determinados pagos que debe realizar este mes.
El 9 de julio, Standard & Poor’s le rebajó la nota a B-, su sexta peor calificación basura, ya que la empresa debe pagar US$ 671 millones de líneas de crédito bancarias a mediados de agosto y, según Judith Waite, analista de la agencia, no tiene el dinero suficiente para hacerlo.
Con 1,48 millón de clientes y
US$ 4.940 millones en ingresos en 2012, Prepa es el mayor proveedor público de electricidad de EEUU, de acuerdo a la Asociación Pública Estadounidense de Energía.
Sin acceso a los mercados
La aprobación de la ley llevó a las agencias crediticias a recortar las notas de la deuda de Puerto Rico y de sus empresas de servicios públicos.
Moody’s redujo la calificación de las obligaciones generales del gobierno a B2, su quinto peor grado especulativo, y corrigió a la baja el rating de Prepa, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillas y la Autoridad de Carretera y Transporte.
El miércoles, Fitch rebajó la nota de la deuda a BB-, tres escalones por debajo del grado de inversión.
Peter Hayes, jefe de municipales de BlackRock, afirmó que los recortes y la nueva ley le han costado a Puerto Rico el acceso a los inversionistas de dicho mercado.
De ser necesario un rescate, sólo la Reserva Federal tiene los recursos y la autoridad requeridos para llevarlo a cabo, pero Stephen Myrow, socio gerente de Beacon Policy Advisors y ex funcionario del Departamento del Tesoro, comentó a Bloomberg que “no existe ninguna indicación de que la Fed tiene apetito para hacer eso”.
Cronograma de la situación
28 junio: El gobernador firmó el proyecto que permite que ciertas compañías públicas reestructuren su deuda fuera de un proceso de quiebra.
30 junio: Dos fondos mutuos interpusieron una demanda en contra de Puerto Rico para que la ley se declare inconstitucional.
1 julio: Moody's recortó la nota de las obligaciones generales de la isla a B2, su quinto mayor grado especulativo, y corrigió a la baja las calificaciones de las empresas de servicios públicos. Ese día, la Autoridad Eléctrica (Prepa, su sigla en inglés) logró pagar bonos e intereses por US$ 417,6 millones.
9 julio: Fitch rebajó la nota de las obligaciones generales a BB-, tres escalones por debajo del grado de inversión. S&P redujo la calificación de Prepa a B-.
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