En medio de los crecientes cuestionamientos a la legitimidad de su mandato y un día después de sufrir el mayor desafío a su autoridad, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentó ayer ante los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, el mismo órgano ante el cual juramentó para su segundo mandato a inicios de este mes.
Su intervención, después de que el opositor y líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamara presidente interino del país, estuvo plagada de las insistentes referencias a los supuestos esfuerzos de Estados Unidos por desestabilizar a la nación.
Pero también se declaró abierto a responder el llamado de diálogo que realizaron los gobiernos de México y Uruguay, que, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, no reconocieron el poder de Guaidó.
“No voy a renunciar”, aseguró el jefe de Estado. “Les garantizo que este gobierno seguirá gobernado, aplicando la ley y la autoridad, con el apoyo cívico-militar”, sentenció.
Más temprano, Maduro había recibido el apoyo explícito de los primeros gobiernos en el mundo, entre ellos China y Rusia. Pero el respaldo de mayor peso vino de sus propias Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa del país, Vladimir Padrino López, aseguró en un video rodeado de autoridades castrenses que hay “un plan criminal” orquestado por Washington para poner fin al gobierno “de nuestro presidente constitucional” y que el Ejército apoya al mandatario.
Maduro ordenó ayer el cierre de las embajadas y consulados en EEUU y reiteró su llamado a que los funcionarios diplomáticos de la potencia norteamericana se retiren del país en las próximas 72 horas. Hasta ayer, la Casa Blanca hacía oídos sordos a su exigencia.
Disputa de apoyos
Mientras Caracas intenta controlar la crisis, el mundo se divide sobre Guaidó, cuyo poder político fue reconocido el miércoles por EEUU, Canadá y la mayor parte de América Latina. En la Unión Europea, la posición oficial es que la Asamblea Nacional sigue siendo “la única institución electa” y que urge la convocatoria a nuevas elecciones, pero diferentes gobernantes del bloque expresaron ayer sus propias posturas.
España, Francia y el Reino Unido reiteraron que “el mandato de Maduro es ilegítimo” por ser resultado de unas cuestionadas e injustas elecciones. Por su parte, el francés Emmanuel Macron aclamó “la valentía de cientos de miles de venezolanos” que marcharon el miércoles por su libertad.
Más directo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió “la unión de toda Europa en apoyo a las fuerzas democráticas en Venezuela” y añadió en Twitter que “a diferencia de Maduro, el parlamento nacional incluyendo a Juan Guaidó, tienen un mandato democrático de los ciudadanos venezolanos”.
Pero en la mañana, Rusia y China habían llamado a respetar la presidencia de Maduro. El Kremlin pidió atender al “derecho internacional, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos”, mientras la administración de Xi Jinping apoyó “los esfuerzos del gobierno de Venezuela para mantener su soberanía, independencia y estabilidad”.
Desde el Reino Unido, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, consideró que Maduro sigue siendo el presidente legítimo y una “víctima de la intervención extranjera”, mientras que Turquía le pidió “resistir a la presión de derrocarlo”.
Por su parte, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió desde Davos una “solución política pacífica”.
“Esperamos que haya una solución política pacífica, en la cual haya un diálogo político que nos permita llegar a una respuesta que tenga que ser pacífica”, dijo la expresidenta chilena, quien calificó la situación de “muy preocupante” y abogó por el diálogo para evitar “un desarrollo de muertos y heridos”.
Washington sube la presión
Luego de entregar el apoyo diplomático de mayor peso a Guaidó, el gobierno de Donald Trump en EEUU aumentó la presión ayer, al pedir una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el tema.
La Casa Blanca aún evalúa aplicar nuevas sanciones, que, a diferencia de las anteriores, podrían enfocarse en el petróleo venezolano, que representa casi el 90% de los ingresos del país.
Pero Washington también está buscando desconectar a la administración de Maduro de todas las fuentes de financiamiento, manifestó ayer el principal asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, quien dijo que la ayuda humanitaria enviada a Venezuela podría ser entregada a Guaidó.
“Creemos que es coherente con nuestro reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino constitucional de Venezuela que esos ingresos deberían ir al gobierno legítimo. Es muy complicado”, explicó Bolton a periodistas.
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