La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela finalmente logró dar ayer el primer paso para remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que hace una semana se atribuyeron las competencias legislativas, generando rechazo nacional e internacional y denuncias de un golpe de Estado encubierto.
Los legisladores acudieron a la sede del parlamento a primera hora del día para evitar cualquier impedimento para acceder al recinto y debatieron –en un principio sin presencia de los oficialistas– los motivos que respaldarían la destitución de los jueces.
“Todo está configurado para que esta Asamblea Nacional pueda remover a los magistrados. No va a ocurrir en esta sesión, pero así comienza el procedimiento de remoción “, dijo el diputado Juan Miguel Matheus, encargado de presentar la propuesta.
Más temprano, el expresidente del Congreso, Henry Ramos Allup, había insistido en que “el golpe de Estado continúa”, más allá de que las sentencias hayan sido modificadas tras las condenas que surgieron desde el exterior y desde la propia Fiscal General, Luisa Ortega Díaz.
La sesión estaba prevista para el martes, pero tuvo que ser suspendida debido a los disturbios que se desataron durante la marcha opositora en Caracas, por el bloqueo de las fuerzas de seguridad del gobierno. Más de 40 personas resultaron heridas el martes por el uso de balas de goma y gas lacrimógeno y otras catorce fueron detenidas.
Ayer hubo nuevas protestas en el fronterizo estado de Táchira y para hoy, tanto la oposición como el oficialismo convocaron a nuevas manifestaciones, elevando la tensión en las calles de un país sumido en su peor crisis política, social y humanitaria.
Lucha de poderes
La iniciativa parlamentaria requiere ser respaldada, en los próximos días, por al menos dos de los tres miembros del llamado Poder Ciudadano –conformado por la fiscal, el contralor y el defensor del pueblo– todos reconocidos por estar alineados con el presidente Nicolás Maduro.
Ello fue subrayado ayer por el representante de la bancada del gobierno en el congreso, Héctor Rodríguez, quien aseguró que el Legislativo “no tiene potestad” para destituir a los jueces ya que, según la Constitución, además son necesarias las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara, algo con lo que aseguró que no cuenta la oposición.
Precisamente, ese es el punto de fondo en la lucha de ambos poderes que se desató luego de las elecciones legislativas de diciembre de 2015, cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró la mayoría, por primera vez en 16 años.
En ese momento, el TSJ –que había sido designado de manera expedita por el parlamento anterior con figuras del oficialismo– suspendió por sentencia la toma de posesión de cuatro diputados, tres de ellos de oposición, denunciando un supuesto fraude electoral. Así, les arrebató los 112 legisladores necesarios para derogar o aprobar leyes orgánicas, dar luz verde a una reforma constitucional y elegir o remover magistrados; es decir, la llave para desmantelar el legado chavista.
Para Ramos Allup y para muchos otros legisladores, “la ofensiva del gobierno comenzó cuando empezaron a desconocer el voto de catorce millones de venezolanos”.
Además, desde fines de 2015, el TSJ ha emitido cerca de 50 sentencias que declararan inconstitucionales las decisiones parlamentarias.
Golpe de Estado progresivo
Mientras la crisis venezolana se agrava, los líderes de ambas facciones se enfrentan sobre la situación actual.
El presidente de la AN, Julio Borges, consideró que el golpe de Estado en el país es un proceso que continúa “y profundiza cada día más”. “Esto no es un Parlamento democrático ni normal. No se engañen con esta sesión que pudiera dar sensación de normalidad. Esta lucha es por devolverle a la AN sus competencias. Le pedimos al mundo que no aparte los ojos de Venezuela”, apuntó.
En tanto, el representante oficialista en el Congreso aseguró que “en Venezuela hay completa democracia” y la mayor prueba de ello es que la AN “está en pleno funcionamiento”. “Ustedes están violando la Constitución e intentando dar un golpe parlamentario. Dicen que aquí hay dictadura pero están convocando por Twitter a sus seguidores a validar a sus partidos y lanzando candidatos presidenciales. Se les cayó el show”, dijo.
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