El presidente estadounidense, Barack
Obama, empezó hoy a sentir una creciente presión contra sus planes
de reestructuración del sector del automóvil cuando grupos de
congresistas expresaron su oposición con el ritmo y contenido de los
planes del Gobierno estadounidense.
Alrededor de 40 miembros de la Cámara de Representantes, en su
mayoría republicanos, enviaron hoy una carta a Obama en la que
exigieron que el Congreso ejerza un mayor control sobre la
reestructuración del sector, que está siendo guiada desde el
Departamento del Tesoro.
En la carta solicitaron que el Grupo Presidencial del Automóvil
(creado para supervisar la reestructuración del sector) debería
volver a su "papel consejero", mientras que el Congreso debería
volver a tener sus "prerrogativas legislativas constitucionales".
De forma paralela, el Comité de Comercio del Senado anunció que a
principios de junio convocará a los directivos de General Motors
(GM) y de Chrysler para que expliquen su decisión de cerrar
centenares de concesionarios en todo el país.
Los dos principales senadores del comité, el demócrata John
Rockefeller y la republicana Kay Bailey Hutchison, dijeron en una
carta enviada a los dos fabricantes que las empresas tendrán que
explicar porqué han concedido tan poco tiempo a los concesionarios a
los que no se les renovarán los contratos de distribución.
Chrysler, que se encuentra en quiebra desde el pasado 30 de
abril, decidió terminar su relación antes del 9 de junio con 789
concesionarios, mientras que GM (que tiene hasta el 31 de mayo para
evitar la quiebra) ha dijo que cerrará 1.100 concesionarios antes de
octubre de 2010.
Por último, cuatro congresistas republicanos acusaron hoy al
secretario del Tesoro, Timothy Geithner, de favorecer los intereses
del sindicato United Auto Workers (UAW) por encima de los derechos
de los acreedores de General Motors.
Los congresistas dijeron que estaban muy preocupados de que el
Grupo Presidencial del Automóvil empezó "a librar lo que algunos
creen es una guerra contra el capital" y acusaron al Gobierno de
"pisotear" los derechos de los inversionistas.
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