Distribución de fuerzas en el Congreso limitará a controvertido nuevo presidente

El fragmentado Congreso peruano obligará al nuevo presidente a forjar alianzas y alejarse de lo que pudiera ser percibido como políticas autoritarias.

Las elecciones legislativas de abril dejaron a Ollanta Humala con 47 escaños, mientras que Keiko Fujimori consiguió 37, de un total de 130. En tanto, el partido del ex presidente Alejandro Toledo y la alianza del ex ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski, ambos promotores de la inversión privada y del libre mercado, alcanzaron 21 y 12 asientos, respectivamente.

Con esta distribución de fuerzas, el Congreso debería contribuir a evitar un giro radical. Planes como los de crear impuestos a las ganancias extras de las empresas mineras para financiar programas sociales podrían verse frenados en el Congreso por parte de partidos más conservadores que temen restarle competitividad al vital sector.

También será difícil alterar muchas de las reformas de libre mercado que se han implementado en los últimos 20 años, atrayendo inversiones por miles de millones de dólares y convirtiendo a Perú en una de las economías más dinámicas del mundo.

Al mismo tiempo, con tal nivel de fragmentación el próximo presidente tendrá que mostrar una gran habilidad negociadora incluso para avanzar en una agenda moderada. Pero los analistas no creen que sea imposible: en Perú hay escasa lealtad a los partidos y los legisladores con frecuencia votan de modo independiente.




Propuestas controvertidas


Los tres grandes bloques en el centro que debe ganarse el próximo presidente (Toledo, Kuczynski y los nueve legisladores del partido de Luis Castañeda, ex alcalde de Lima) no respaldaron a Humala ni a Fujimori para la presidencia en segunda vuelta.

Además del impuesto extraordinario a las ganancias de las mineras, otra iniciativa (en la que coincidían Humala y Fujimori) que puede entramparse en el parlamento es la de una versión revisada de la ley de derechos indígenas, conocida como Ley de Consulta, pendiente en el Congreso desde que el presidente saliente Alan García la vetó en mayo del año pasado. García dijo que amenazaba inversiones cruciales en medio de un auge global de los commodities dando a las tribus indígenas más control sobre si pueden instalarse minas y pozos petroleros en sus tierras ancestrales.

Pero las autoridades de derechos humanos de Perú dicen que la ley ayudaría a mitigar unos 200 conflictos sobre explotación de recursos naturales en Perú que con frecuencia se traducen en manifestaciones mortales y que plantean riesgos operacionales reales para las empresas.