Buenos Aires/New York
Mientras Argentina intenta obtener el apoyo del Fondo Monterario Internacional (FMI) para reestructurar deuda por US$ 100 mil millones, el ruido de sables del gobierno izquierdista sacude los temores entre los acreedores de que se produzca un default desordenado.
Las conversaciones formales entre el Fondo y Buenos Aires comenzaron la semana pasada, y ya han dado pistas sobre lo difícil que podría ser el proceso para los tenedores de bonos.
El precio de los papeles del gobierno trasandino se hundió luego de que el ministro de Economía de 37 años, Martín Guzmán, dijera el miércoles a los legisladores que se requería una “profunda reestructuración de la deuda”, y que el gobierno no trataría de equilibrar su presupuesto hasta al menos 2023.
El bono del siglo del país -visto como un hito en su recuperación económica cuando se emitió hace tres años- cayó casi un 3% al día siguiente a US$ 0,43, tras comenzar el año por sobre los US$ 0,50. El precio de otro bono del gobierno con vencimiento en 2028 cayó a menos de US$ 0,45. Ayer seguía cercano a esos niveles, lo que indica una alta posibilidad de incumplimiento.
No todos estaban convencidos de la dura retórica de Guzmán. “El joven está viviendo en una La-La land peronista”, dijo Walter Stoeppelwerth, el director de inversiones del banco Portfolio Personal Inversiones.
A su juicio, ni el FMI ni los acreedores del país aceptarían un acuerdo basado en la posición declarada del gobierno.
Sin embargo, las preocupaciones entre los inversionistas aumentaron después de que el nuevo presidente izquierdista, Alberto Fernández, apareció ese jueves respaldando los comentarios anti-FMI de su vicepresidenta, Cristina Fernández.
Fernández, la combativa expresidenta entre 2007 y 2015, había comentado que el Fondo también necesitaba aceptar un recorte “sustancial”, o pérdida, luego de prestar a Argentina US$ 44 mil millones, tras la crisis monetaria de 2018. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo a Bloomberg el domingo que esa reducción no sería posible.
La semana pasada, además, Argentina pospuso unilateralmente los pagos de intereses de un bono soberano denominado en moneda local, luego de que no logró convencer a suficientes inversionistas para aceptar una pérdida en el valor nominal de sus deudas.
Miedo al default
Patrick Esteruelas, jefe de investigación de Emso Asset Management, dijo que la dura postura del Ejecutivo -que insistió en que se negó a ser “rehén” de los tenedores extranjeros del bono- fue un intento de limpiar un “desastre” creado por un reciente enfrentamiento entre la provincia de Buenos Aires y sus acreedores.
El gobierno local había intentado posponer un pago de US$ 250 millones previsto para enero hasta mayo, pero no logró convencer a su mayor tenedor, Fidelity, que posee aproximadamente una cuarta parte de los bonos a 2021 de la provincia. Al final, la localidad acordó pagar el dinero adeudado y se comprometió a reestructurar su saldo restante de deuda externa.
Marcos Buscaglia, socio fundador de la consultora argentina Alberdi Partners, dijo que el episodio con la provincia demostró que los políticos argentinos tenían “miedo al default”, lo que podría desencadenar una nueva corrida del peso y empujar aún más la inflación, que ya superó el 50% en 2019. La economía argentina está en su tercer año consecutivo de recesión.
Pero, según Esteruelas, la decisión del gobierno de jugar duro con los tenedores del bono soberano local muestra que “internalizó algunas de las lecciones” del asunto de la PBA. “Esto restablece el escenario”, dijo.
Los inversionistas ahora insisten en que el Ejecutivo debe presentar un plan económico que explique de manera convincente cómo planea pagar a los acreedores, si quiere una resolución rápida y amigable del enfrentamiento. Hasta ahora, se ha negado a hacerlo.
“Cuando hay tanta incertidumbre sobre la entrega (de ciertos objetivos económicos), si vas a los inversionistas con recortes (...) es difícil para ellos ser receptivos”, dijo Polina Kurdyavko, directora de mercados emergentes de BlueBay Asset Management.
Es probable que pocos inversionistas acepten un recorte de entre 40% y 50%, como está implícito en los planes de gastos de Guzmán.
Eso podría dificultar que el gobierno resuelva la crisis de la deuda antes de la fecha límite autoimpuesta del 31 de marzo.
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