Por Philip Stephens
Al igual que otros titanes de la era digital, últimamente Eric Schmidt, de Google, ha enfrentado un montón de preguntas acerca de por qué una empresa que gana tanto dinero parece pagar tan pocos impuestos. Los políticos británicos se han visto particularmente interesados en sus respuestas.
El presidente ejecutivo de Google tiene una respuesta prefabricada para quienes lo critican. El gigante de las búsquedas en línea cumple con sus obligaciones legales, y también con su deber fiduciario para con los accionistas. Por lo tanto, su comportamiento es irreprochable. Este argumento es más cuestión de sofismos que de lógica.
Los dos primeros argumentos de Schmidt no molestan. Se necesitaría un pequeño ejército de contadores para verificar que Google siempre actúa legalmente en las múltiples jurisdicciones fiscales en las que opera.
Sin embargo, no hay evidencias de que haya cruzado la línea que separa el haber tomado medidas agresivas para evadir impuestos, de la evasión fiscal ilegal. Es redundantemente obvio, también, decir que los directores de empresas tienen la obligación de salvaguardar los intereses de sus accionistas.
Donde Schmidt se equivoca, y muy convenientemente, es en pretender que, por ende, Google puede enorgullecerse de ser un buen ciudadano corporativo. Esto es lo que diplomáticamente pudiera tildarse de ilógico.
Como bien debe saberlo el jefe de Google a raíz de su vida personal y profesional, las sociedades prósperas deben su éxito a algo más que un estricto apego a la letra de la ley. Las comunidades avanzan porque sus ciudadanos, las instituciones y sí, incluso las empresas, respetan normas, convenciones y obligaciones mutuas que no figuran en ninguna ley o libro de estatutos.
Esto no es nada nuevo. Si
Schmidt tiene alguna duda, debería leer la excelente nueva biografía de Edmund Burke, un filósofo del siglo XVIII, escrita por Jesse Norman, el diputado del Partido Conservador.
Respeto de leyes no escritas
Sugerir que todas y cada una de nuestras responsabilidades y deberes deben ser codificadas en la ley es invitar el salto hacia el totalitarismo, la microgestión por un Estado todopoderoso de las múltiples dimensiones que rigen todas nuestras innumerables relaciones.
No existe una ley (en Gran Bretaña, por lo menos) que obligue a esperar en fila para, por ejemplo, comprar entradas para el teatro u obtener una mesa en un restaurante, en lugar de saltarla y ponerse primero. Sin embargo, Schmidt podría estar de acuerdo con que saltarse la fila de espera es una falta de civismo.
Actuar legalmente no significa necesariamente, como en este caso, tener razón. ¿O sugiere el Schmidt que el gobierno debería legislar una ley específica para cada caso?
Por supuesto, está el deber fiduciario. Claro está, las empresas no deben pagar un impuesto “voluntario”.
Sin embargo, estas obligaciones no enfrentan una elección de “blanco y negro”, como lo propone Schmidt.
En algún lugar entre los dos extremos -las donaciones caritativas a las autoridades fiscales y la creación de múltiples empresas ficticias en cada paraíso fiscal conocido por la humanidad- existe lo que los abogados llaman la manipulación totalmente justificable del código tributario para proteger a los accionistas.
Lo curioso es que, a veces, Google parece saber que debe mirar más allá de lo que estipula estrictamente la ley. La empresa se jacta de sus numerosas “buenas acciones” en las comunidades locales. ¿No es de suponer que éstas deberían ser un reflejo de su actitud con respecto al deber fiduciario?
Sin embargo, cuando la compañía dice que los miles de millones en ingresos que cosecha cada año por su fuerza de ventas en el Reino Unido no están sujetos al impuesto local, porque técnicamente, el negocio está “cerrado” en Dublín, Google suena como un hampón. Alguien, en algún lugar en la sede de Google, haría bien en preguntarse lo siguiente: “¿Qué pensaría cualquier persona razonable?”.
Google no es el único en planificar elaboradas estrategias para evadir impuestos. Amazon, Apple y otros han sido objetos del exhaustivo escrutinio de los políticos estadounidenses. Se podría sospechar que se aplican fuerzas culturales, digamos libertarias.
A estos señores del universo digital realmente no les gusta mucho el concepto de gobierno. Más bien consideran que el Estado es algo así como un obstáculo injustificable en la ruta hacia sus propias interpretaciones de lo que es el progreso. Entonces, piensan, ¿por qué deben mantenerlo con sus ingresos?
Eso, sin embargo, es sólo una sospecha. Concuerdo en cierto punto con Google en cuanto a la actitud hipócrita de los gobiernos que se jactan de incentivos fiscales especiales para atraer la inversión e inmediatamente después adoptan una actitud populista en contra de quienes aceptan sus ofertas.
Por su parte, Schmidt dice que está “perplejo” por todo el escándalo. Después de todo, el único deber con el que debe cumplir Google es obedecer la ley. Donde se equivoca es en esperar que los demás estén de acuerdo en que por ello Google es un buen ciudadano corporativo.
Lo más honesto sería concluir que en cuanto al tema que atañe a la reputación de su empresa, Schmidt le importa bien poco lo que el resto pueda pensar.
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