El caso de Chipre dejó en evidencia verdades incómodas sobre la crisis europea, y la más evidente es que está lejos de terminar.
Tras un período de caos a mediados de 2012, los inversionistas se acostumbraron a vivir en un estado de crisis permanente.
Pero los grandes problemas de Europa, como la falta de una unión fiscal, siguen vigentes. Italia aún no tiene gobierno y en España el Ejecutivo enfrenta un escándalo de corrupción. Por eso bastó un país como Chipre, que representa menos de medio punto del PIB de la eurozona, para encender la mecha.
En segundo lugar, el rescate tiene que ver con la discusión sobre quién debe pagar la cuenta por la crisis.
El impuesto a los ahorristas permitió reducir el rescate de 17 mil millones de euros a 10 mil millones. Eso disminuirá el aporte de los contribuyentes europeos, particularmente los alemanes. Los políticos europeos se preguntan por qué tendrían que rescatar a Chipre si los chipriotas no están dispuestos a contribuir. Mal que mal, ellos fueron los mayores beneficiados por el modelo de negocios que colapsó.
Pero incluso si el gobierno alemán estuviera de acuerdo, el rescate habría sido rechazado en el congreso, presionado por las próximas elecciones.
La alternativa era obligar a los tenedores de bonos a compartir los costos a través de un recorte. Aunque siempre vistos con antipatía, ni siquiera el gobierno chipriota estaba por cobrar a los inversionistas. Y tampoco habría cambiado las cosas, ya que los bancos locales están entre sus principales financistas.
El caso plantea también dudas sobre la integración, y crecen las voces de que nunca debió permitirse el ingreso de Chipre. Con un equivalente a ocho veces el PIB, su sistema financiero era demasiado grande, y las autoridades aprovecharon la bonanza del euro sin hacer nada por combatir la corrupción y el lavado de dinero. El impuesto es un mensaje a los paraísos fiscales. Los bajos impuestos convirtieron al país en un vehículo para empresas rusas poco transparentes que ahora deberán sufrir las consecuencias.