Internacional
Los republicanos buscan maneras de detener la implementación de la reforma de la salud
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 19 de octubre de 2010 a las 05:00 hrs.
Por Stephanie Kirchgaessner
En Washington no es un secreto que la promesa electoral de los republicanos de “derogar y reemplazar” la ley de reforma de la salud de la administración Obama es imposible de realizar.
La promesa de derogar la legislación se menciona en todo el país en las carreras hacia las elecciones legislativas de noviembre, atrayendo un fuerte apoyo de votantes republicanos y conservadores. Pero la mayoría de los legisladores republicanos admite que, incluso si tuvieran suficientes votos para derogar la reforma de salud -que es poco probable- tal ley sería vetada por Barack Obama, el presidente.
No obstante, si los republicanos obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes, como sugieren muchas encuestas, tendrán otras opciones para tratar de demorar la aplicación de la ley de salud y socavar las disposiciones controvertidas.
El partido tendrá mayores oportunidades de pasar nuevas leyes si apuntan a disposiciones impopulares cuya eliminación sería apoyada por los demócratas, como el mandato 1099 que exige a las empresas informar al Servicio de Impuestos Internos los pagos a proveedores que excedan los US$ 600.
Es probable que los republicanos también intenten “desfinanciar” algunos aspectos del proyecto de ley que requieren implementación de organismos gubernamentales como el Departamento de Salud y Servicios Humanos a través de su control del comité de apropiaciones.
Si bien la nueva ley de salud autoriza el gasto de miles de millones de dólares para la ejecución de aquí a 2019, los fondos aún deben ser “apropiados” por el Congreso para liberar al menos US$ 106 mil millones para financiar la sustancia de la ley y otros US$ 5 mil millones a US$ 10 mil millones en fondos para su ejecución.
Obama podría vetar proyectos de ley que no contengan financiamiento para las medidas. Pero si lo hace puede, en efecto, paralizar todo el gobierno, creando una crisis política similar a la que enfrentó el presidente Bill Clinton en los ‘90. Es una estrategia riesgosa para los republicanos, que podrían enfrentar la reacción de los votantes si son vistos como obstruccionistas y afectando aspectos de la ley que se consideran positivos.
“Si [la secretaria de salud] Kathleen Sebelius no puede crear nuevas burocracias, la ley está muerta”, dice Alex Cortés, un activista que está presionando a los legisladores para que acuerden un compromiso para desfinanciar la ley.
Cortés admite que paralizar la legislación podría llevar a desorden, sobre todo para las empresas que tendrían que cumplir con la nueva ley sin contar con las normas y reglamentos para saber como hacerlo. “El desorden en el largo plazo es la verdadera preocupación. Estamos examinando la perspectiva de largo plazo”.
Bruce Josten, principal cabildero de la Cámara de Comercio de EE.UU. en el Congreso, un crítico de la ley de salud, dice que si los republicanos ganan la mayoría en la Cámara, primero deben “definir los problemas de la ley que afectan al pueblo estadounidense”.
“Una vez que lo hayan hecho, entonces deben posicionarse para definir y desarrollar su solución”, dice Josten.
Pero vender una “solución” a los estadounidenses podría ser más difícil de lo que parece para los republicanos. Eso quedó de manifiesto la semana pasada cuando Christine O’Donnell, candidata republicana (con respaldo del Tea Party) al Senado por Delaware, quien se opone al requerimiento de que todos los ciudadanos deben estar asegurados, dijo que los hospitales deberían poder decidir si aceptan pacientes sin seguro médico que necesiten atención de emergencia. Estos puntos de vista serán resistidos por los republicanos en general y serían un blanco fácil para los demócratas.
Aunque casi la mitad de los votantes de EE.UU. tiene una opinión desfavorable de la legislación sanitaria, las provisiones como las que protegen a los pacientes con condiciones pre-existentes son muy populares.
Los demócratas han dicho que las disposiciones sólo son económicamente viables debido al mandato del seguro. La Casa Blanca ha argumentado que la derogación del proyecto de ley crearía un aumento de las primas para las familias para pagar por el aumento previsto del gasto de los hospitales en pacientes no asegurados.
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