La disputa electoral en Perú continúa abierta. Aunque el paso a segunda vuelta está asegurado por parte de Keiko Fujimori, la definición respecto de quién la acompañará en la papeleta del balotaje del 7 de junio se ha estrechado cuando todavía restan cerca de 1.500 actas por procesar.
Con el 93% de las mesas escrutadas, los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mostraban a Roberto Sánchez con 1.879.223 votos, equivalentes al 11,97% de los sufragios, frente a los 1.869.941 votos acumuldos por Rafael López Aliaga, equivalentes al 11,93% de los comicios.
Una diferencia de menos de 10 mil papeletas que comenzó a gestarse tras la llegada de los votos provenientes del extranjero que favorecieron al exalcalde de Lima.
Proceso de impugnación
Considerando que en estrechos procesos electorales del pasado la diferencia fue de poco más de 40 mil votos, la incertidumbre actual es de marca mayor.
La situación se agrava ante las impugnaciones, que abarcan cerca de un 5,6% de las actas de votación, o un estimado de entre 750 mil y 1 millón de votos totales, dijo a Bloomberg el analista político Gonzalo Banda.
Estas actas observadas deberán ser revisadas primero por los Jurados Electorales Especiales, que podrán declararlas nulas o corregirlas. Posteriormente, las decisiones podrán ser apeladas antes de llegar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad electoral del país.
En este contexto, López Aliaga denunció un supuesto fraude electoral ante cientos de sus seguidores en las afueras de la sede del JNE. Incluso, ofreció hasta US$ 5 mil a funcionarios que aporten pruebas sobre eventuales irregularidades.
Desde el martes, el candidato conservador exigió la detención del organizador de los comicios y la suspensión de la proclamación de resultados, al mismo tiempo que llamó a sus seguidores a la insurgencia. Aquello, en paralelo al avance de Sánchez, quien comenzó a ganar terreno sobre la ventaja que López Aliaga le había sacado desde los primeros resultados divulgados el domingo.
“Si eres trabajador de ONPE, JNE o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje: Renovación Popular ofrece 20 mil soles peruanos de recompensa”, señaló López Aliaga.
El exalcalde de Lima incluso dejó una dirección de correo electrónico para recibir las pruebas solicitadas, bajo la promesa de garantizar la confidencialidad y el anonimato de quienes entreguen antecedentes.
De acuerdo con López Aliaga, los retrasos en la apertura de los centros de votación en varias zonas de Lima -que llegaron a ser hasta de cinco horas en algunos casos y en otros hasta el día siguiente-, llevó a que supuestamente perdiese alrededor de medio millón de votos, una cifra que aún no ha podido ser comprobada.
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