La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ya se ha considerado en varios países de América Latina. Economías como Uruguay y Argentina mantienen una política de retorno a personas de escasos recursos, hombres y mujeres jubilados, e incluso personas con discapacidad. Colombia también busca sumarse a esta tendencia.
Junto con Chile, el país tiene el tercer porcentaje del IVA más alto de la región, que llegó a 19% tras la reforma tributaria de 2016, año en el que el impuesto llegaba a 16%. Actualmente, sólo lo superan Uruguay y Argentina, con 22% y 21%.
En las últimas semanas, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dejado entrever la posibilidad de gravar con IVA a todos los productos de la canasta familiar. Además, dijo que se utilizarán bases de datos y otros mecanismos de información para identificar al segmento poblacional más precario del país para efectuar el cobro del impuesto.
Fórmula probada
El profesor de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Nacional, Jorge Iván González, señaló que “el país puede pensar en soluciones alternativas como el pago monetario directo o la devolución a través de servicios públicos o mejoría en alimentación escolar o servicios en salud”.
La metodología en otros países de la región es similar. En Uruguay, las personas de escasos recursos deben pagar el IVA, pero reciben una devolución mensualmente en una cuenta financiera ligada a una tarjeta que otorga el programa Tarjeta Uruguay Social (TUS). Esta tarjeta se carga cada mes y el monto depende de la cantidad de menores de 18 años que vivan en los hogares.
Argentina tiene como foco principal a los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones, que reciben un reintegro mensual al realizar compras con la tarjeta de débito que tengan asociada a su pensión. Dichas compras significan un retorno de 15% del valor total de la compra y permite una devolución mensual de hasta US$ 7,81 por persona.
Además de los jubilados, esta devolución también tiene en cuenta a las trabajadoras de servicio doméstico, las personas que cobren asignación universal por hijo y asignación por embarazo y los jóvenes que cobren las becas progresar para estudiantes universitarios.
En Ecuador, las personas que pueden acceder son las que presenten una discapacidad igual o superior a 30% según la calificación de autoridades sanitarias. Este beneficio aplica para compras de bienes y servicios de primera necesidad adquiridos para uso y consumo personal, con facturas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI). El monto mensual es de US$ 92,64 desde enero.
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