The Economist: ¿Se acerca un nuevo default de Argentina?

Los últimos datos oficiales han mostrado un continuo deterioro de las finanzas públicas. Un menor crecimiento está reduciendo los ingresos tributarios, y ha hecho reacio al gobierno a emprender el ajuste fiscal que se esperaba a principios de año. Sólo hubo ajuste en la transferencia a las provincias, lo que sugiere que el gobierno intenta desplazar todo lo que sea posible el peso del mismo a las regiones. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para evitar que el pequeño superávit en los primeros cinco meses de 2011 pasara a un importante déficit un año después. La mayor debilidad fiscal aumenta la especulación de un refinanciamiento forzoso de la deuda o incluso una pesificación de la misma. Aunque el gobierno ha reafirmado su intención de honrarla, las dudas sobre la capacidad de pago del gobierno persistirán, en medio del continuo deterioro de la balanza de pagos y una rápida desaceleración.

El superávit fiscal primario cayó cerca de 45% año a año en enero-mayo, a 5.600 millones de pesos (US$ 1.300 millones). En el mismo periodo, las cuentas fiscales pasaron de un modesto superávit de 1.100 millones de pesos a un déficit de 6.900 millones. El gasto primario ha seguido creciendo rápidamente. En enero-mayo sumó 35%, una aceleración respecto del crecimiento de 33% en todo el año 2011. Los ingresos totales crecieron menos, un 27% año a año, y los datos mensuales muestran un continuo deterioro en el transcurso del año hasta ahora. Hasta mayo, el crecimiento de los ingresos había caído a 23% año a año. Como los cálculos privados estiman que la inflación se acerca al 25%, esto sugiere que el crecimiento de los ingresos ahora es negativo en términos reales.




Menos ingresos, más gastos


Entre los componentes clave de los ingresos, las contribuciones a la seguridad social se han mantenido, lo que refleja un crecimiento aún sólido en los salarios nominales (los últimos datos muestran que los salarios nominales subieron 29% en el primer trimestre, aunque es posible que se desaceleren luego). Sin embargo, el crecimiento de los ingresos de gravámenes al comercio exterior y rentas cayeron en el segundo trimestre (a cifra de un dígito), lo que refleja el impacto combinado de una fuerte desaceleración económica y problemas en comercio (y en la recaudación de aranceles de importaciones) tras la imposición de duros controles a la importación en febrero de este año.

En tanto, el gobierno ha tenido dificultades en avanzar en el control del gasto, lo que refleja rigidez en la mayoría de los ítems de gasto y demandas políticas de mayor estímulo para contrarrestar el enfriamiento de la economía. En este contexto, la cuenta de los salarios del sector público creció un 35% en enero-mayo, mientras los pagos de la seguridad social crecieron sobre 40% (sólo estos dos ítems representan el 40% del gasto primario). El gobierno logró controlar las transferencias, lo que refleja en parte que los envíos a las provincias crecieron apenas 5% (una contracción sustancial en términos reales). Esto sugiere que el gobierno intenta transferir todo lo que puede del ajuste a los gobiernos locales. Esta estrategia también otorga a Fernández una considerable influencia política: provincias clave como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba enfrentan crecientes dificultades financieras y en los últimos meses han debido aplazar los pagos a empleados y proveedores. Con escaso acceso a los mercados internacionales, y los impuestos golpeados por la desaceleración, las finanzas provinciales seguirán dependientes de las transferencias del gobierno nacional, una situación que el gobierno podría explotar para mantener bajo control a los gobernadores provinciales.




Pesado cronograma de pagos


Sin recursos a nivel internacional, incluso los déficits moderados complican las finanzas públicas, que siguen dependiendo de transferencias intragubernamentales, en particular del Banco Central y la seguridad social, para cerrar la brecha financiera. Sin embargo, sobre todo la dependencia del Banco Central ha producido un círculo vicioso en el cual la demanda de transferencias debilita la política monetaria e impulsa la inflación. Esto, a su vez, fomenta la demanda de dólares, haciendo necesarios controles que exacerban la desaceleración y causan un mayor deterioro de la situación fiscal. Como no hay indicios de que el gobierno esté dispuesto a romper este círculo mediante un recorte más fuerte del gasto, aumentan los temores de los inversionistas acerca de la capacidad gubernamental para cumplir su cronograma de vencimientos. En agosto el gobierno enfrenta el pago de 
US$ 2.300 millones por los bonos Boden 2012 (emitidos durante la crisis de 2002). Otra fecha importante es en diciembre, cuando el gobierno debe pagar bonos vinculados al crecimiento por US$ 2.500 millones.

El actual ajuste presupuestario ha causado mucha especulación a nivel local sobre las alternativas que podría estar considerando el gobierno para servir esta deuda, y van desde un refinanciamiento voluntario u obligatorio hasta la pesificación de las obligaciones gubernamentales. Los temores a la pesificación se han exacerbado por una propuesta de reforma legislativa al código civil y comercial que permita la pesificación de todos los contratos. En medio de los crecientes temores, Fernández ha reafirmado públicamente el compromiso de su gobierno para honrar sus deudas y afirmó que la deuda denominada en dólares será servida en esa moneda. Un decreto ejecutivo publicado el 26 de junio que permite el uso de reservas por US$ 2.200 millones para servir la deuda con los organismos multilaterales también ha ayudado a tranquilizar a los inversionistas sobre la voluntad del gobierno para pagar. El deseo de evitar el caos político y económico posterior al default de 2001 parece ser suficiente para que el gobierno siga comprometido con pagar sus deudas. Sin embargo, con al deterioro en la balanza de pagos y una fuerte desaceleración económica, el continuo deterioro de las finanzas públicas resta al gobierno margen de maniobra, y lo deja cada vez más expuesto a shocks. En este contexto, la capacidad del gobierno para pagar seguirá en duda por el futuro próximo.