Una serie de actores del mercado financiero han advertido potenciales riesgos vinculados a la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), de la Ley Fintech.
El gerente general de la Asociación de Bancos (Abif), Luis Opazo, afirmó que hay riesgos que son importantes de mitigar, “ya que una mala ejecución puede afectar negativamente al sistema y a los clientes, con costos relevantes”, dijo.
Además, sostuvo que el riesgo de implementación se podría materializar en temas como seguridad de la información, interconexión, fraude, sostenibilidad financiera y sobredimensionamiento de componentes, equipos e inversiones excesivas.
El ejecutivo estimó que en tres años, el costo para el ecosistema de participantes obligados del SFA, es decir, bancos, cooperativas, cajas de compensación y seguros- podría superar los US$ 600 millones.
Al respecto, el gremio agregó que este monto es alto para cualquier métrica, “pudiendo reducirse de manera relevante con el mecanismo alternativo, establecer gradualidad en la implementación y la adecuación de aspectos técnicos, tales como el mecanismo de generación de consentimientos, entre otros”.
El director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, Marcelo Mosso, explicó que en tres años, el costo del SFA para la industria será de US$ 90 millones, cifra que se podrí a duplicar si se consideran las adecuaciones complementarias.
Ventana de 30 meses
A las críticas sobre los costos se suman los plazos establecidos por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ya que, a juicio de los gremios carece de una adecuada gradualidad.
El gerente de la división de tecnología y transformación digital de Coopeuch, Rubén Ulloa aseguró que la implementación está muy encima y le propusieron a la CMF) una ventana de 30 meses desde la dictación de estándares para la preparación técnica.
“Recomendamos flexibilidad según la madurez tecnológica de cada institución”, aseguró Ulloa.
Asimismo, el gremio de las cooperativas propuso al regulador un calendario de implementación que aumente la gradualidad, según tipos de datos a publicar y casos de uso para garantizar una implementación progresiva que parta con los temas de menor dificultad.
Mosso advirtió que más que un plazo fijo en la implementación del sistema, lo importante es contar con una hoja de ruta clara y coordinada. El ejecutivo del gremio asegurador recomendó comenzar con productos vinculados a personas naturales, que tienen más impacto en la inclusión financiera, y luego seguir con los productos orientados a las empresas y otras instituciones.
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