Diversos actores de la industria financiera han advertido sobre el aumento del crédito informal en Chile y los peligros asociados a este negocio que no está regulado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
De acuerdo con un informe de la Asociación de Retail Financiero (ARF), este es un mercado que moviliza cerca de US$ 4.000 millones al año y afecta a más de 600 mil personas. Ello, sin contar que el Estado deja de recibir US$ 100 millones en impuestos por este negocio no regulado.
"El mercado del crédito a personas enfrenta una amenaza sistémica creciente: una red de mercados ilícitos (crédito informal usurario, blanqueo de capitales, fraude digital y ciberdelincuencia), que opera a la sombra de un sistema regulado que paradójicamente excluye a cientos de miles de personas", afirmó el reporte del gremio.
US$ 100 millones deja de percibir por IVA el estado por el crédito informal.
Los mercados ilícitos
Según ARF, las investigaciones policiales, fiscales y regulatorias identificaron cuatro grandes bloques de actividad ilícita que se retroalimentan y operan de manera coordinada, aprovechando la informalidad económica y la tecnología digital para escalar sus operaciones ilícitas.
El primero es el blanqueo de capitales, popularmente conocido como "lavado de dinero". De acuerdo con el informe, organizaciones criminales utilizan la infraestructura financiera y espacios de comercio informal (establecimientos de dudosa procedencia, ferias u otros canales) para “limpiar” fondos provenientes del tráfico de drogas, el contrabando y la receptación.
Un segundo foco son los fraudes financieros y de identidad. En 2024, más de 500 mil usuarios reportaron haber sido afectados por fraudes financieros, con montos defraudados que superaron los US$ 300 millones. Estos delitos, según detalla el estudio, se concretaron principalmente a través de phishing, robo de credenciales, suplantación de identidad y apertura de cuentas falsas.
El tercer bloque es la ciberdelincuencia organizada, que, a través de ataques de malware, ransomware y robo de bases de datos, buscan apropiarse de información financiera sensible, mientras las bandas criminales aprovechan aplicaciones de mensajería y redes sociales para estafar, extorsionar y captar víctimas.
Inclusive, para estos grupos las criptomonedas también aparecen como una herramienta para lavar activos, sostuvo el gremio.
Por último, el préstamo informal denominado "gota a gota" es otro de los mercados ilícitos relevantes. La captación de clientes se realiza mediante volantes en ferias, visitas puerta a puerta, publicaciones en redes sociales o grupos de WhatsApp.
El desembolso de los créditos, en tanto, se efectúa en efectivo o a través de transferencias bancarias. Luego, la cobranza se estructura en cuotas diarias con intereses que pueden llegar hasta 10% al día. Ante cualquier retraso, estas redes recurren a amenazas contra los deudores y sus familias. Al respecto, el abogado en derechos del consumidor y socio de Lorenzini Twyman, Jaime Lorenzini, explicó a DF que "la cobranza extrajudicial que realiza el prestamista informal (llamadas, contactos, y la intervención de los aparatos telefónicos de las personas que han solicitado dichos créditos) no solo es completamente agresiva (excediendo largamente lo que la Ley de Protección al Consumidor permite en materia de cobranza) sino que constituye delitos”.
"El Ministerio Público señala que la extorsión vinculada a préstamos 'Gota a gota' es una de las nuevas modalidades delictivas de mayor crecimiento en el país. Las ganancias se lavan a través del comercio informal, casas de crédito prendario, casinos ilegales y la compra de bienes de alto valor", sostuvo el informe de la ARF.
Entre los principales delitos vinculados al crédito informal se destacan: lavado de dinero, fraudes financieros, ciberataques y préstamos “Gota a gota”.
Situación por regiones
Si bien el crédito informal está presente en todo el país, el informe identificó zonas de mayor riesgo asociadas a factores como fronteras, campamentos y tomas de terreno.
En la macrozona norte (Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) el riesgo es sensible principalmente al contrabando, tráfico de drogas y otras redes criminales.
En la macrozona sur (Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos), el estudio sostuvo que el Ministerio Público identificó un fuerte crecimiento de préstamos usureros y extorsiones.
Mientras que en la Región Metropolitana y Zona Centro (Santiago y Valparaíso) "las organizaciones criminales se consolidan territorialmente en la macrozona centro, diversificando sus negocios ilícitos. Ferias libres, galerías comerciales y campamentos son canales para la oferta de crédito informal. Las aplicaciones fraudulentas captan clientes masivamente a través de redes sociales", indico la ARF.
El costo fiscal y económico
El avance del crédito informal también golpea las arcas fiscales. Según el informe, el Fisco dejaría de recaudar entre US$ 70 millones y US$ 150 millones al año por concepto de IVA, impuesto de timbres y estampillas e impuesto a la renta. La estimación central supera los US$ 100 millones anuales.
La magnitud del fenómeno se sostiene, entre otros datos, en la Encuesta Financiera de Hogares 2024 del Banco Central, que muestra que cerca del 3,2% de los hogares declaró utilizar fuentes de financiamiento no reguladas.
Pero el impacto no termina ahí. El informe advirtió que el crédito informal también representa una pérdida para el sistema financiero formal, al desplazar operaciones que eventualmente podrían canalizarse por actores regulados.
“Si entre el 30% y el 40% del mercado informal fuese potencialmente atendible por el sistema formal bajo condiciones adecuadas de regulación y gestión de riesgo, el impacto en colocaciones no realizadas se ubicaría entre US$ 900 millones y US$ 1.900 millones anuales”, señaló el documento.
Asimismo, el informe hizo zoom a una brecha mayor: "En Chile no existe actualmente un sistema de coordinación interinstitucional ni un modelo integrado de inteligencia de datos que permita abordar de manera estructural el fenómeno del crédito informal y los mercados ilícitos asociados”, concluyó el documento.
Por ello, la ARF hizo un llamado a establecer tres urgencias prioritarias.
En primer lugar, otorgar a la CMF y al SERNAC facultades legales efectivas para bloquear apps fraudulentas, cerrar locales de crédito ilegal y sancionar plataformas tecnológicas que faciliten su difusión, junto con una coordinación permanente con Ministerio del Interior, PDI y Ministerio Público.
En segundo término, adaptar las condiciones regulatorias que permitan recuperar a los consumidores de microcrédito de las manos del crimen organizado. Y la tercera urgencia es que el Estado otorgue masivamente educación financiera.
A lo anterior, se suma una revisión de la Tasa Máxima Convencional (TMC), que, a juicio del gremio, los efectos de la última legislación dejaron fuera del mercado de crédito formal a 300 mil personas.
“Aunque la reforma redujo el costo del crédito para miles de deudores formales, generó simultáneamente un mercado informal sumamente atractivo para redes criminales, al excluir del sistema regulado a los segmentos de mayor riesgo crediticio”, sostuvo el documento.
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