Fuertes críticas recibió por parte de la Asociación de Bancos (Abif) la normativa publicada recientemente por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que regulará el sistema de finanzas abiertas (SFA) u open banking, en el marco de la Ley Fintech.
El jueves, la Abif sostuvo que la norma mantiene aspectos que comprometen su implementación.
En entrevista con DF, el presidente de la ABIF, José Manuel Mena, profundizó sobre la nueva regulación: “Nos interesa que sea un proceso que permita efectivamente a los clientes, personas jurídicas y naturales, tener mejores posibilidades para sus productos de servicio financiero”, aseguró.
“(Los nuevos actores) tienen que entrar sin que se produzca un problema de contaminación para los que están actualmente”.
“Hay elementos sustantivos que no fueron modificados, o el cambio fue tan marginal que no elimina el riesgo”.
La normativa, que entrará en vigencia en julio de 2026, representa uno de los hitos más relevantes en la implementación de la Ley Fintech, aprobada a principios de 2023.
“Conociendo lo sucedido en otros países, este proyecto tiene muchos riesgos, es complejo”, indicó Mena, quien agregó que el gremio ha planteado al regulador varias veces las preocupaciones del sector.
- Desde la CMF señalaron que se tomaron en cuenta varios de los puntos conversados con los gremios, ¿está de acuerdo?
- Algunos sí, pero hay elementos sustantivos que no fueron modificados, o el cambio fue tan marginal que no elimina el riesgo.
Hay riesgos que creemos no están siendo ponderados adecuadamente.
- ¿Cuáles, por ejemplo?
Hay tres grandes elementos. El primero, tiene que ver con la gradualidad. Es más adecuado, basado en la experiencia internacional, partir con las personas naturales, hacer un ciclo completo, conocer datos, iniciación de pagos, y después, por ejemplo, de 24 meses, habiendo conocido el proceso completo, que entren personas jurídicas.
En este sentido, el líder del gremio de bancos explicó que la norma hoy dejó tres meses de distancia en la entrada de personas naturales y las jurídicas a la norma. “Tres meses es una simultaneidad, no es posible hacer una separación (...). Eso, a nuestro juicio, es incomprensible”, afirmó.
- ¿Qué otros elementos preocupan?
- El segundo punto es el riesgo operacional y el cuidado de los datos (...). Es necesario generar un esquema de certificación con múltiples resguardos. En el texto de la norma, el regulador no asume un rol activo, deja a los partícipes del SFA la responsabilidad de externalizar ese tipo de servicios, por ejemplo, subcontratar un certificado. Esperamos que el regulador tome más activamente este rol y defina un esquema, y lo mejor sería centralizar los servicios de certificaciones operacionales.
- ¿Y el tercer riesgo?
- El tercero tiene que ver con el veto más técnico, pero que es una consecuencia de comprender que el proceso tiene que ser gradual.
Se solicita que haya una alta disponibilidad del servicio desde el inicio. Aquí debiera buscarse prioritariamente que el sistema se estabilice y garantice lo más posible que la interconexión sea adecuada. Esos dos conceptos debieron estar primero, antes de tener una disponibilidad.
- ¿Con la regulación actual van a poder ingresar nuevos actores al mercado?
- No veo por qué no. Lo que pasa es que tienen que entrar sin que se produzca un problema de contaminación para los que están actualmente. El cuidado de la data, la situación de responsabilidad de fraude o la ciberseguridad son elementos sustantivos. Nadie puede pretender que el Sistema de Finanzas Abiertas opere sin tener estos resguardos que son los necesarios y prudentes en todo el mundo.
Desafíos para la segunda parte del año
- ¿Qué desafíos ve para la banca el segundo semestre?
- Necesitamos seguir apoyando a clientes que están en dificultad de pago. La morosidad ha crecido y, por lo tanto, necesitamos que cada uno de los bancos trabaje con sus clientes. Así como también hemos buscado en sectores específicos con riesgos, con problemas de sequía profunda o en el sector construcción, donde tenemos una agenda de trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción para acompañar clientes en este proceso que requerimos que el país vuelva a crecer. Y eso significa gestionar morosidad y flujos nuevos.
Otro punto tiene que ver justamente con lo que hemos hablado: cómo haremos esta primera fase de la implementación de la Ley Fintech. Es cierto que hay 24 meses, pero son estos meses los que definen el trabajo.
- ¿En qué otros temas esperan seguir trabajando?
- Queremos impulsar una agenda público-privada más activa, que fue lo que conversamos con el Presidente de la República (...). Eso involucra informalidad financiera.
También, trabajar fuertemente en la educación financiera. Hemos pedido una reunión al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a sugerencia del Presidente de la República, dado que tenemos un plan bien profundo al respecto.
- ¿Y la ley de Anti Fraude?
-No mencioné la Ley de Fraude, cuya implementación también está en veremos. Necesitamos volver a tener un esquema de operación de los medios de pago que sea confiable, que sea seguro para las personas y que permita una mayor inclusión.
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