Al finalizar la semana pasada, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ofició a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con el “objeto de que informe a esta comisión respecto de los protocolos de seguridad de las aplicaciones móviles de los bancos”.
Ello, “en el contexto de la reciente vulneración informática sufrida por el Banco de Chile”, dice el documento de la instancia remitido al regulador bancario.
Este pedido fue realizado por el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, integrante de la instancia, y fue aprobado unánimemente por el resto de los parlamentarios.
El problema de Banco de Chile, según reveló el diario electrónico El Dínamo y radio Cooperativa, habría surgido luego que estudiantes de ingeniería civil en computación de la Universidad de Chile alertaron al banco sobre potenciales problemas de vulnerabilidad en la aplicación móvil, que permitirían a terceros acceder a algunos datos de los clientes.
Consultado el Banco de Chile por el hecho, dijo que “la potencial vulnerabilidad en uno de nuestros canales se encuentra solucionada y no existen clientes afectados”.
La compañía señaló que “en forma permanente actualizamos nuestros sistemas de seguridad en el área tecnológica”.
La normativa
A mediados de enero, la Superintendencia de Bancos publicó una normativa de ciberseguridad, la que entró en vigencia el 24 de enero.
Esto nace luego que en abril de 2017 se publicó la política nacional de ciberseguridad, que implicó que dentro de las labores de fiscalización de los bancos por parte del regulador, tendrá la evaluación de la gestión de la infraestructura crítica de ciberseguridad.
Uno de los objetivos que persigue la regulación es establecer la generación y gestión de una base de incidentes sobre la materia.
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