Luego de las fuertes críticas hechas por la Corte Suprema al proyecto de Comisión de Valores (recientemente aprobado por el Congreso) las dudas sobre las atribuciones del nuevo regulador financiero resurgieron con fuerza, pero esta vez sin margen para que el gobierno haga modificaciones, a menos que el Tribunal Constitucional (TC), donde está el proyecto actualmente, diga algo al respecto.
Para el abogado Luis Cordero socio de Ferrada & Nehme, lo dicho por el máximo tribunal era esperable, toda vez que no era la primera vez que se manifestaba en ese sentido. De todas formas, aclaró que no comparte la visión, ya que a su juicio “confunde los ámbitos” porque “no comprende bien que en los mercados financieros, en general, la potestad de los reguladores debe ser más robusta y evidentemente con herramientas más intrusivas de las que se pueden ver en otros ámbitos”.
Cordero señala que frente a las críticas hechas por el máximo tribunal en relación a que se vulneraría el debido proceso, “este proyecto en particular tiene un régimen de garantías para autoridades sancionatorias administrativas que no existen en ninguna parte en el sistema institucional chileno”.
No se respeta debido proceso
En todo caso en este tema no hay unanimidad. Dentro de los abogados de la plaza hay varios reparos al proyecto, incluso algunos reclaman que no se corrigieron falencias evidentes que arrastra el sistema.
Por ejemplo, coinciden en que con la nueva institucionalidad se vulnera el debido proceso, ya que se crea una especie de “tribunal paralelo” y no se pueden refutar las acusaciones en la etapa de la investigación, donde deberían estar los derechos resguardados.
“Todo lo anterior a la formulación de cargos, que es toda la investigación, no la veo regulada... ¿Hay debido proceso? Sí, pero a partir de la formulación de cargos, antes de eso no se ve una regulación donde el particular tenga garantizado sus derechos”, comentó otro abogado especializado en temas administrativos.