La eventual separación del negocio de administración de cuentas que traería la reforma de pensiones y que dejaría a las AFP solo como gestoras de inversiones, es uno de los temas que generan mayor preocupación en la industria.
La idea de que un ente público se quede con la administración de cuentas de afiliados es cuestionada debido a la posibilidad de que se generen dobles comisiones para los afiliados, sumado a la eventual ineficiencia del Estado para dar soporte a 12 millones de cuentas.
En las AFP reconocen que, de concretarse este cambio, sería una modificación estructural al sistema de pensiones, que provocaría la pérdida del atractivo de negocios para las administradoras.
Para la industria, los planes del Gobierno evidencian la intención de estatizar el sistema y la falta de conocimiento respecto de la diferencia que existe entre la administración de pensiones y el asset management. Según confidencian algunos agentes, convertirse en esto último, no estaría en sus planes.
¿Integración vertical?
¿Qué es lo que está realmente en juego? Las administradoras son reacias a responder esta pregunta y a entregar cifras. Argumentan que su oposición a la separación del negocio se explica por la ineficiencia que conlleva este cambio y los negativos efectos para los afiliados.
Sin embargo, hay quienes ven en esta postura la defensa de un modelo de negocios que permite a las AFP operar bajo una lógica de integración vertical -en la que participan como recaudadores de ahorro, administradores de fondos y pagadores de pensiones- que les facilita generar márgenes de ganancias importantes, favorecidos por una cartera de afiliados cautiva, que no se mueve masivamente y que propicia un mercado poco competitivo.
Según datos de la Superintendencia de Pensiones, la rentabilidad sobre patrimonio (ROE) del sistema promedió 13% al cierre de 2021, pero algunas AFP llegan al 70%. Su mayor ingreso proviene de las comisiones cobradas a los afiliados, las que, a junio de este año, totalizaron $ 470.135 millones, siendo el 93% comisiones por cotizaciones obligatorias, además de los $ 9 mil millones por comisiones por pensiones con retiro programado y otros.
Todo esto se deriva del sistema de cobros de las AFP sobre ingresos mensuales, con comisiones promedio en torno a 1,2% del salario bruto, algo que cambiaría si se les obliga a ser solo gestores de inversiones y cobrar por saldos administrados.
La propuesta del Gobierno buscaría bajar los márgenes del sector a un 30% de su valor actual, con la promesa de volver más eficiente al sistema al entregar la gestión de las cuentas al Instituto de Previsión Social (IPS), que asumirá como costo fiscal esta tarea. Pero, además, restaría al sistema más de US$ 400 millones de los gastos actuales en fuerza de venta y comercialización, de una industria que tiene más de tres mil vendedores activos.
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