El viernes pasado, la noticia de la liberación de los datos por parte de la Superintendencia de Pensiones, utilizados para los cálculos de la reforma, fueron celebrados por los más de 20 centros de estudio que desde noviembre han insistió en la importancia de transparentar estos números, con el objetivo de fomentar un debate técnico profundo respecto a la propuesta, que hoy se encuentra en su primer trámite constitucional en la comisión de Hacienda del Congreso.
El director del Centro UC de Estudios y Encuestas Longitudinales, David Bravo -quien ha liderado esta demanda,- celebró el avance que cumplió con uno de los compromisos adquiridos con el regulador de pensiones, haciendo posible desde ya hacer análisis paralelos de gran importancia para el debate legislativo de la propuesta, según comentó.
Sin embargo, todavía quedan temas pendientes y de gran relevancia, que están en manos del Ministerio de Hacienda, según afirma, y que dicen relación con un tema crítico para la aprobación de la propuesta previsional del gobierno: la sostenibilidad del fondo colectivo que se crea con el 6% de cotización adicional.
Esta información fue compartida por el gobierno en uno de los tres talleres que se realizaron la primera semana de diciembre, donde los expertos tuvieron acceso a presentaciones detalladas de los números de los tres informes, de impacto regulatorio, financiero, y sostenibilidad del 6%. Sin embargo, en este último -a diferencia de los dos primeros, los técnicos no recibieron presentaciones ni datos de los cálculos realizados, debido -según se explicó en ese momento-, a que el informe aún no había sido ingresado al Congreso. Hasta hoy, sigue sin ingresar al parlamento, por lo que nadie ha tenido acceso a los datos expuestos ese 7 de diciembre, según explica Bravo.
De esta manera, en una minuta que circula entre los centros de estudios, sobre el avance de los datos hasta hora entregados por el Gobierno, se detalló que aún faltan los "datos, códigos y cualquier otro material de apoyo requerido para que un investigador independiente pueda replicar los resultados incluidos en los informes mencionados; una documentación detallada (README) que explique cómo reproducir cada uno de los resultados y los programas (códigos) utilizados para transformar los datos y para producir los resultados; y los datos brutos utilizados; y, reuniones con los equipos técnicos que han elaborado los distintos informes para resolver los aspectos específicos que puedan surgir".
En el documento, agregaron que "se estima que una entrega de esta información a fines de la segunda semana de enero de 2023 permitiría que los(as) investigadores(as) puedan trabajar con estos datos para poder llegar con diversos análisis independientes para los primeros días de marzo".
Datos y tramitación
Para algunos parlamentarios, los nuevos cálculos que puedan hacerse con base en los datos abiertos por la autoridad a petición de los centros de estudio, son fundamentales para la votación en general del proyecto de ley, que -según los más optimistas-, podría materializarse a fines de enero.
En ese marco, parlamentarios de la Comisión de Trabajo, pidieron a Bravo su opinión sobre la conveniencia de la votación en general, sin que hasta ahora se puedan hacer todos los cálculos comparativos por parte de estudiosos externos al gobierno. Bravo respondió aclarando, primero, que lo solicitado "no ha estado antes en ninguna reforma previsional", incluyendo la Comisión Bravo que él mismo presidió. Sobre la votación en general dijo que ésta “tiene que ver con espíritu de la ley" y que la discusión sobre "los instrumentos, debiera ser algo que se analice en la votación en particular", precisó.
En ese marco, agregó, “pienso que sería interesante poder lograr avanzar sin perjuicio de mirar con mucho detalle, en cada uno de los elementos de los instrumentos que son parte del proyecto del gobierno”.
Se espera que esta semana se puedan conocer los detalles pendientes del informe de sostenibilidad, en una de las sesiones de la Comisión de Trabajo, que quedó rezagada luego del ingreso del proyecto de Ley de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Este martes, a las 10:30 horas están citados la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara Román, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y, en la tarde exponen, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, y los economistas, Cristóbal Huneeus, ex asesor del Ministerio del Trabajo en Bachelet II, y Marco Kremermann de Fundación SOL.
El miércoles 11 de enero, a las 10:30, expondrán Ricardo Mewes Schaidt, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC; David Acuña, presidente de la CUT, y María Carolina, del movimiento "Con Mi Plata No".
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