La semana pasada, las AFP notificaron a las compañías de seguros de vida sobre el inicio del proceso de licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
Este será el último remate que estará a cargo de las administradoras, ya que próximamente pasará a manos del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y del Instituto de Previsión Social (IPS).
El SIS cubre a entorno de seis millones de afiliados y moviliza una prima anual cercana a US$ 1.900 millones, lo que lo convierte en el contrato colectivo más grande del país.
La tasa de cotización de cargo del empleador vigente desde abril de 2026 es 1,62% de la renta imponible, uniforme para hombres y mujeres.
El cambio
Una de las modificaciones más relevantes de la nueva licitación es el retorno a un esquema de prima de riesgo, que consiste en que las compañías de seguros que se adjudiquen la licitación tarifican y asumen el riesgo con su patrimonio. Es decir, se transfiere de manera íntegra el riesgo a las aseguradoras adjudicatarias que se hacen responsables del pago de todos los siniestros del período del contrato.
Así, se abandona el actual modelo de administración, vigente desde 2020, al que se había optado en un contexto de incertidumbre para la industria aseguradora, luego del estallido social, la pandemia derivada del coronavirus, y ante licitaciones del SIS que fueron declaradas desiertas.
1,62% Es la tasa de cotización vigente a cargo del empleador que se destina al SIS.
“El regreso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a una licitación a prima de riesgo es, sin duda, un hito para la industria aseguradora chilena. Esta cobertura protege a más seis millones de afiliados del sistema previsional y representa cerca del 15,5% de la prima anual del mercado de seguros de vida, unos US$ 1.840 millones, por lo que su renovación moviliza a toda la industria”, señaló el socio de Actuarial Consulting a DF, José Ampuero.
“Tras seis años de administración, las compañías de seguros de vida retoman la responsabilidad directa sobre el riesgo técnico, financiero y patrimonial de una de las coberturas más importantes. Esto obliga a una tarificación más fina, una gestión de capital robusta y un análisis riguroso de la siniestralidad esperada: ya no se administra el riesgo, se asume”, sumó el experto.
Las fracciones
Respecto de los otros componentes de la licitación, se estableció en las bases que, como es usual, el riesgo se dividiera en dos grupos, hombres y mujeres.
Cada siniestro se fracciona en partes iguales, las que serán licitadas: 12 fracciones para hombres y ocho para mujeres.
Las compañías de seguros podrán ofertar como máximo, por seis fracciones de hombres y cuatro de mujeres, es decir, un tope de 50% de cada grupo. Si optan presentar una alternativa de coaseguro, pueden ofertar por un máximo de dos fracciones, ya sean dos de hombres, dos de mujeres o una de cada segmento.
En todo caso, cada aseguradora adjudicataria deberá aceptar un número menor de fracciones con el que postuló.
También existe un requerimiento patrimonial y de clasificación superior a “A-”.
Según un análisis de Actuarial Consulting, las compañías de seguros que son candidatas naturales a participar del remate son Consorcio, MetLife, Confuturo, BICE Vida, Penta Vida, Sura, Security, Zurich y Principal. Actualmente, las aseguradoras que tienen el SIS son Consorcio, BICE Vida y Confuturo.
La vigencia del contrato parte el 1 de agosto de este año y finaliza el 31 de julio de 2027.
La visión de Macías
Esta será la última licitación que organicen las AFP antes de su traspaso al FAPP, lo que se resolverá a través de un proyecto de ley que se encuentra en tramitación en el Congreso.
El proceso ha generado polémica en el sistema previsional, ya que las AFP apuestan que se traspase todo lo relacionado a la administración del SIS, incluyendo la gestión de las comisiones médicas, que son las instancias que evalúan y definen la condición de invalidez de los afiliados.
Esa alternativa es rechazada por la Superintendencia de Pensiones, que apunta que estas se mantengan bajo la administración de las AFP.
El exregulador del sistema de pensiones, Osvaldo Macías, comentó a DF que “es correcto que las AFP asuman todo este proceso, considerando que todos sus afiliados están ejerciendo un derecho, tengan derecho o no al seguro. Son dos cosas distintas: una es cómo se hace la evaluación de la invalidez, que es lo que coordinan las AFP, y otra cosa es el financiamiento del SIS, que es lo que se pasó al FAPP. Por eso no es correcto cuando las AFP dicen que el traspaso o el traspaso pleno, considera también la evaluación de invalidez”.
“Es un tema discutible y se puede pensar cuál es el mejor modelo, pero eso no significa que el traspaso pleno del SIS vaya con este agregado importante, que es un proceso más integral y que considera a todos los afiliados de las AFP, no solo a aquellos que tienen derecho al SIS”, agregó.