La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, solicitó la formalización de la empresa pesquera Blumar S.A., en el marco del denominado Caso Bruma, por “no cumplir con los lineamientos de su modelo de prevención del delito”.
La audiencia, que continuará este jueves en el Juzgado de Garantía de Coronel, podría, eventualmente, definir medidas cautelares para la compañía, al alero de la nueva Ley de Delitos Económicos.
El procedimiento está siendo desarrollado bajo la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y de acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, se atribuye a la empresa un papel en el caso bajo el artículo 20 bis de la Ley 20.393, donde se establecen tipificaciones y sanciones ante la ausencia de medidas de mitigación frente a escenarios contemplados en su matriz de riesgos.
Durante la formalización, el organismo persecutor entregó los antecedentes del accidente en alta mar que involucró a la lancha Bruma con el Pesquero de Alta Mar (PAM) Cobra, la madrugada del 30 de marzo de 2025 en las cercanías de la Isla Santa María.
Modelo de Prevención del Delito
De acuerdo con las modificaciones de la Ley de Delitos Económicos, vigentes desde septiembre de 2024, las organizaciones deben contar con un modelo de prevención donde se identifique una matriz de riesgo de delitos o cuasidelitos asociados a su actividad o procesos productivos y se establezcan protocolos frente a ellos.
En esa línea, la Fiscalía argumentó que, si bien la pesquera contaba con un documento de este tipo desde marzo de 2016 y que este fue actualizado según la nueva normativa, “la matriz de riesgo que forma parte del modelo de prevención delictual de Blumar no contempla expresamente y en forma nominativa, ni bajo descripción, el riesgo de abordaje por parte de embarcaciones de Blumar con otras embarcaciones o naves”, detalló Cartagena.
Según la persecutora “no hay ninguna bajada en la matriz de riesgo de Blumar que hable del abordaje”, un tema que, según dijo, llama su atención, considerando que la navegación en alta mar es parte de las faenas diarias de una flota de seis embarcaciones, de similares características al Cobra. “Esas tripulaciones que navegan todos los días, no a veces, todos los días, se rigen por dos cuerpos legales: la Ley de Navegación y el Reglamento de Prevención de Abordaje”, destacó la fiscal.
A su juicio, la ausencia de este riesgo identificado en el modelo de prevención de delitos se traduce en que “Blumar invisibilizó el abordaje” y como consecuencia, no sensibilizó ni capacitó a los equipos de la empresa, tanto de alta mar como administrativos y de gerencia sobre el tema.
Durante la primera jornada de formalización de cargos no se señalaron medidas cautelares para la empresa; sin embargo, la parte querellante pretende que el tribunal designe un supervisor de sus labores pesqueras en alta mar.
En este sentido, el abogado que representa a la empresa y a los tripulantes del Cobra, Alejandro Espinoza, explicó que existiría “desconocimiento del derecho entre alguno de los intervinientes, en orden a no saber que la ley les impide solicitar cautelares respecto a la persona jurídica (…) A mi juicio eso es ignorancia de la ley”.
Reacciones de las partes
Tras finalizar la primera jornada, el abogado defensor declaró que en la audiencia quedó manifiesta la concordancia con el Ministerio Público respecto de lo ocurrido fue un accidente. “Hoy día ya tenemos una resolución del Ministerio Público que establece fehacientemente que la tripulación no se percató del accidente y que no existió absolutamente ninguna conducta dolosa ni de la tripulación del Cobra, ni de la compañía, ni de ejecutivos de la compañía”.
Espinoza agregó que “la propia Fiscalía ha señalado que el Cobra contaba con todos sus sistemas de navegación, seguridad y prevención plenamente operativos al momento del accidente”, datos que según el abogado, permiten sostener la tesis de la defensa, que argumentará este jueves en la segunda jornada de formalización.
Asimismo, agregó que “no ha existido ninguna acción destinada a obstruir la investigación por parte de la compañía, sus ejecutivos o la tripulación. Esto descarta las versiones que hablaban de conductas dolosas, pactos de silencio u otras hipótesis absolutamente falsas que se habían instalado públicamente”.
Por su parte, el abogado querellante, Rafael Poblete, que representa a las familias de las siete víctimas fatales, reiteró la tesis que ha planteado respecto del comportamiento de la empresa. "Nosotros estimamos que aquí hay una conducta dolosa y hemos dicho que vamos a ir por la figura de homicidio con dolo eventual. Una vez que pasemos esta etapa de la investigación formalizada, vamos a ampliar nuestra querella por la obstrucción de la investigación y vamos a pedir que se reformalice", adelantó.
Desde esa perspectiva, explicitó que "la querella la vamos a ampliar en su momento, primero contra la persona jurídica y segundo, por otros delitos que nos parecen que aquí podrían configurarse, entre ellos y sin limitarlo, eventualmente una obstrucción de la investigación y por cierto que nosotros queremos ir por un delito con dolo eventual".
Tripulantes del Cobra
Durante la audiencia de este miércoles, además de la empresa, fueron formalizados por homicidio culposo el capitán de la nave, Roberto Mansilla Gallardo y los dos tripulantes que se encontraban en el puente de mando, Luis Macaya Andrade y Jaime Sandoval Lépez. Para todos, la fiscalía solicitó arresto domiciliario parcial, firma quincenal y arraigo nacional.
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