En momentos en que las actividades de pesca y captura de la numerosa flota china genera escrutinio público a nivel global, el uso de los terminales marítimos y astilleros es vigilado de cerca por las autoridades chilenas, que recientemente desplegaron un operativo sorpresa de fiscalización. El objetivo fue el buque pesquero chino Ning Tai 97, el cual recaló en los astilleros estatales de Asmar en Talcahuano para someterse a trabajos de reparación.
La intervención estuvo liderada por el Sernapesca e involucró un amplio despliegue multisectorial que sumó a Directemar, la PDI, el SAG y la Seremi de Salud. El propósito central de la articulación institucional fue garantizar que los puertos locales no sirvan de refugio ni brinden apoyo logístico a operaciones de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr).
Para asegurar el cumplimiento normativo, el procedimiento consideró una revisión documental exhaustiva y controles físicos que incluyeron un meticuloso rastreo de navegación. A través del análisis de los tracks satelitales, los equipos buscaron descartar cualquier tipo de actividad extractiva dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) chilena. A la par, se concretó una inspección física directa de las bodegas del navío para constatar que la carga en su interior coincidiera estrictamente con la condición de pesca declarada de manera oficial.
Detalles del buque chino
Un cruce de datos, a partir del indicativo de llamada “BZUB3” visible en su casco, permitió a los fiscalizadores y a las plataformas de seguimiento marítimo perfilar con exactitud a la nave inspeccionada.
Según los registros de la Comisión de Pesca del Pacífico Norte (NPFC), el buque cuenta con permisos emitidos por Beijing que se mantienen vigentes hasta marzo de 2027, lo que valida legalmente sus operaciones extractivas en aguas internacionales. Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no habían informado resultados oficiales sobre posibles infracciones detectadas durante las inspecciones en Talcahuano.
Alerta por aumento de flotas
Este operativo no ocurre en el vacío; se enmarca en una alerta máxima del sector pesquero nacional frente a la masiva presencia de buques asiáticos en los márgenes de la ZEE chilena, situación que tensiona la logística de los terminales del sur del país.
Las cifras institucionales dimensionan el reto regulatorio. Según datos levantados por la ONG Oceana, tras la incorporación de China al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (Amerp), las solicitudes de recalada de la flota asiática en terminales chilenos saltaron drásticamente de apenas ocho requerimientos durante 2024 a 130 en el transcurso de 2025, marcando un explosivo aumento del 1.628%.
El fantasma de las sanciones y el blindaje marítimo
A esta presión estadística se suma el peso de hechos similares reciente en la zona. A inicios de 2026, Asmar había prestado apoyo logístico en Talcahuano a dos pesqueros chinos que figuraban en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Aunque las autoridades chilenas aclararon oportunamente que el Ning Tai 97 no se encuentra en dicha lista negra, aquel precedente obliga hoy a las instituciones del Estado a aplicar un celo extremo en las revisiones para evitar cuestionamientos internacionales.
Desde Directemar enfatizaron que el blindaje chileno contra la pesca ilegal es robusto, sosteniéndose sobre la legislación nacional vigente desde 2004 y el tratado internacional Amerp ratificado en 2009. Desde la autoridad marítima indicaron que se verifica el cumplimiento de requisitos antes de que ingrese al puerto, confirmando que, una vez que Sernapesca de la aprobación inicial al historial del barco, se activa inmediatamente el abordaje de estos organismos multisectoriales apenas el buque toca el muelle.
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