La naciente industria del hidrógeno verde –en especial los proyectos más avanzados que integran la cartera por US$ 43 mil millones en iniciativas declaradas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)- vive semanas clave.
Este 29 de agosto vence el plazo para que HNH Energy, que impulsa una inversión de US$ 11 mil millones en la Región de Magallanes, presente su adenda en respuesta al primer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara). Un hito que la industria observa como una prueba de fuego para la capacidad de la empresa para dar respuesta a más de 1.000 observaciones, así como de su voluntad de seguir adelante.
El próximo miércoles viene el turno de megaproyecto H2 Magallanes de TotalEnergies, el más ambicioso a la fecha con una inversión de US$ 16 mil millones: este 20 de agosto finaliza la etapa de participación ciudadana, que tendrá lugar tras la publicación de su primer Icsara. Y el resultado de este último proceso arrojó señales complejas para esa iniciativa y el conjunto de la industria.
Junto a los reparos de organismos como la Conaf, Monumentos Nacionales y la DGAC al informe, llamó la atención el tono de las observaciones de la Municipalidad de San Gregorio a la insuficiencia del Estudio de Impacto Ambiental. “No aceptaremos una evaluación superficial que subestime los impactos profundos en nuestra conectividad, seguridad, tradiciones y calidad de vida”, manifestó la edil Jeannette Andrade. A su vez, el Gobierno Regional cuestionó la falta de referencias en política de desarrollo humano.
Mientras fuentes del sector público consideran que esas observaciones son normales en iniciativas de esta escala, desde el ámbito privado puntualizan que estos primeros pronunciamientos de las autoridades locales no están en sintonía con el objetivo declarado por el Gobierno central y regional en favor de la consolidación de la industria. Esto, en un escenario de siete proyectos en el SEIA –tres de ellos en Magallanes, donde otros siete están reuniendo información- de un total de 77 iniciativas propuestas en el país.
“Es muy esperable que un proyecto de esa envergadura tenga multiplicidad de preguntas en una primera consulta. No creo que tenga el efecto de desincentivar. Además, estamos en un clima marcado por la Ley de Permisos Sectoriales, y un propósito general de acelerar las inversiones”, dijo el gobernador Jorge Flies.
El episodio fue tema obligado en otro hito: la reunión que se realizó este jueves en Punta Arenas entre los principales organismos y ministerios involucrados -con presencia de los titulares de Energía, Economía, Medio Ambiente y Corfo, y más los subsecretarios de OOPP y Educación- cuyo objetivo fue la firma de un acuerdo público-privado para construir infraestructura habilitante para el desarrollo de la industria.
“Probablemente sea la última reunión dentro de esta administración, y la firma de estos convenios marca la hoja de ruta en lo que queda de esta administración”, indicó Salvador Harambour, director ejecutivo de H2V Magallanes, gremio que fue la contraparte del acuerdo.
Las primeras tramitaciones son observadas con atención por la industria. Mientras en la Región de Antofagasta destacan los procesos de las firmas Susterra SpA –que ingresó una iniciativa por US$ 423 millones-; MAE, cuyo proyecto Volta por US$ 2.500 millones está en fase de calificación, y AES Chile con el proyecto INNA en una inversión estimada de US$ 10 mil millones, en Magallanes la primera línea la integran los desarrollos de TotalEnergies y HNH Energy, más dos proyectos de HIF Global en Cabo Negro y Faro del Sur.
“Va a haber por lo menos unos tres o cuatro proyectos que van a presentar sus adendas y dados los plazos que tenemos para la evaluación de estos proyectos, estarían en condiciones de ser aprobados durante este año o a principios del próximo. Hay varios candidatos posibles”, señaló Marcos Kulka, director ejecutivo de H2 Chile.
Los riesgos
Las decisiones para el futuro del sector en nuestro país tienen lugar en medio de un intenso rebaraje global marcado por reducciones de inversiones y cese de proyectos en Europa, EEUU y Australia. En paralelo, Asia sigue dinámica con grandes iniciativas de apoyo a la demanda en India y el auge de China con ocho proyectos asociados a la producción de metanol y amoniaco, destacó Kulka.
“En este rebaraje hay países que sí se están posicionando y van a aprovechar la oportunidad. Esto pone aún más presión y lo vemos con nuestros competidores. Por ejemplo, Brasil que pasó al número uno del ranking en América Latina de la consultora Hinicio, donde siempre había estado Chile, y en Perú ya se aprobó un proyecto con la misma configuración de producción de amoníaco de grandes desarrollos en Magallanes”, indicó Kulka.
Desde este balance, advirtió: “Pese al esfuerzo público-privado y la voluntad del Gobierno, existe un gran riesgo de que esta industria, con su cartera de US$ 40 mil millones, finalmente no se dé si no hacemos las cosas bien y nos entrampemos en procesos interminables de aprobación de proyectos que los hagan inviables y Chile pierda definitivamente esa oportunidad. Eso es real”.
En ese escenario con “inversionistas dispuestos a invertir”, Harambour enfatizó que “es preocupante que luego de cuatro o cinco años trabajando en recoger información, levantar líneas base y muchos estudios con inversiones de decenas de millones de dólares para ingresar su proyecto al sistema, y luego sin tener la certeza en cuanto a si al presentar adendas para responder las consultas de autoridades o entidades, eso va a ser suficiente o pueden estimar que hace falta aún más estudios”.
Desde su diagnóstico en cuanto a que "los aplazos muy largos de la regulación chilena medioambiental nos hace perder competitividad y otros países nos van a pasar antes de que acá se ponga una primera piedra", Harambour subrayó que "esto que llaman permisología es un lastre, y estamos poniendo a prueba la paciencia de los inversionistas, lo que es complejo”.
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