Tras varios meses de retraso, el lunes 4 de enero pasado la Corfo adjudicó el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) al consorcio Associated Universities Inc (AUI), conformado por nueve universidades de Estados Unidos -Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Columbia, Princeton, Cornell, Pensilvania, John Hopkins, Rochester y Yale- y cuatro locales: las universidades del Desarrollo (UDD), San Sebastián, Autónoma de Chile y de Atacama.
Las críticas no se hicieron esperar. Ayer martes en una conferencia de prensa telemática, los senadores Guido Girardi, Yasna Provoste y Alejandro Guillier, los diputados Luis Rocafull, Gabriel Soto, Gabriel Silver y José Luis Castro, junto a los rectores de la universidades Católica, Ignacio Sánchez; de Chile, Enio Vivaldi; de Concepción, Carlos Saavedra; Federico Santa María, Darcy Fuenzalida, además de la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, Cecilia Hidalgo, denunciaron “irregularidades” en la licitación del ITL que involucra una inversión de US$ 193 millones en 10 años, provenientes del acuerdo entre Corfo y SQM.
El grupo de parlamentarios de oposición anunció un conjunto de acciones que busca revertir el proceso: una sesión especial en el Senado, una comisión investigadora en la Cámara y un reclamo en la Contraloría General de la República.
El senador Girardi denunció que la adjudicación la hizo un Consejo de Ministros de Corfo compuesto principalmente por subrogantes, porque varios de los titulares estaban inhabilitados por conflictos de interés. Desde Corfo informaron que lo integraron la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, José Luis Uriarte, por Economía; Carolina Valdivia por RREE, Alejandro Weber por Hacienda y Felipe Commetz por Corfo.
También alertó que los consorcios no presentaron sus propuestas ante los panales internacionales, lo que es usual en procesos de esta envergaduras, explica.
Además, dijo que las bases de licitación no fueron entregadas a la Contraloría. “Estos son recursos públicos porque son parte de una negociación del Gobierno (con SQM) para desarrollar el litio y por lo tanto, se manejan de manera pública”.
El reclamo de los rectores
El rector de la UC, Ignacio Sánchez, denunció “falta de información” en el proceso y señaló que se requiere conocer cuáles fueron los criterios de asignación y los procedimientos realizados. “Nos llama la atención que no fuimos citados a explicar el proyecto, ni saber cuáles fueron los resultados del panel nacional. Mientras no tengamos esa información no podremos estar tranquilos”, dijo.
Respecto del consorcio Asdit que integra la UC, señaló que “aquí hay una alianza de las universidades del país que tienen más capacidades técnicas y científicas en el tema, junto a las universidades regionales, muy importante por el potencial de desarrollo en la región”, apunta.
El rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, afirmó, en tanto, que este “es un momento de profunda preocupación”, porque la matriz productiva es una de las decisiones político-económicas más importantes e involucra directamente a las universidades. “Es demasiado extraño que las mejores universidades chilenas no sean consideradas como idóneas para este proyecto”, señaló.
Agregó que no sólo está en juego la investigación en tecnologías limpias y la matriz productiva para el futuro de Chile, sino también la confianza en que el Estado está decidiendo lo mejor para todo el país. “Si no hacemos algo por revisar lo que está ocurriendo, este último punto quedará en entredicho, y esto sería un retroceso para configurar un país que converse”, advirtió.
La presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, Cecilia Hidalgo, sostuvo que esta decisión representa “una desconfianza enorme en las capacidades de la comunidad científica chilena”, pero también “es una falta de respeto” a la forma en que se evaluó el proceso, distinta a como se han evaluado inversiones menores en proyectos de ciencia.
La defensa de Corfo
En rueda de prensa telemática, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, respondió a las críticas. “El procedimiento se ajustó a derecho”, afirmó.
Consultado sobre las ventajas de la propuesta ganadora versus las dos descartadas, señaló que se darán a conocer una vez que los consejeros firmen el acta de adjudicación.
Terrazas descartó que el ITL no genere conocimiento o patentes para Chile. “Si tienes una idea y pides ayuda a un instituto tecnológico, la idea es tuya, y puedes pactar con qué porcentaje te quedas, es una relación contractual que se ve caso a caso”.
Sobre las presentaciones de las propuestas a paneles internacionales, señaló que las bases no consideran un panel evaluador internacional, solo uno nacional que está conformado por tres integrantes de Corfo, uno de Economía y un quinto del Ministerio de Ciencia.
Respecto de la decisión de no ingresar las bases de licitación a Contraloría, explica que no es necesario, porque se trata de recursos provenientes de una empresa privada (SQM), tal como ocurrió con la licitación del Centro de Electromovilidad que se adjudicó a la Universidad de Chile.
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