Este martes, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento, el cual fue ingresado como un mensaje presidencial en el gobierno de Gabriel Boric en 2024 y que recientemente fue respaldado por el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública.
Fue aprobado por 134 votos, con cuatro abstenciones y dos en contra de los diputados libertarios Pier Karlezi y Hans Marowski.
También hubo una segunda votación específica para el inciso segundo del artículo 8, los artículos 9 y 10, y la letra B del 15, que requerían al menos 78 votos a favor por tratarse de disposiciones orgánico-constitucionales, la que fue aprobada por 135 votos.
La futura ley busca establecer un marco regulatorio para la transferencia de los resultados de la investigación científica y tecnológica al mercado y a la sociedad en general, basado en la interacción y colaboración de instituciones académicas y de investigación, agencias gubernamentales y la industria, en pro del desarrollo sostenible del país.
En lo grueso, la regulación propone crear un repositorio de conocimiento e información científica y tecnológica, establecer el deber de fomento de la ciencia abierta en instituciones de educación superior (IES) y consagrar el deber del Estado de fomentar los proyectos de investigación, la creación, transferencia y el intercambio de tecnología y conocimiento.
También plantea que las IES y sus investigadores puedan crear o participar en empresas de base científico-tecnológica desarrolladas a partir de resultados de investigación.
Luego de ser aprobado, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Ximena Lincolao -que estuvo en la sala durante el debate y votación- declaró en un punto de prensa que el proyecto recoge “un trabajo de años de diferentes gobiernos, que hoy el Congreso reconoce de forma transversal como un paso adelantepara Chile, para crear ese músculo de innovación que todos estamos de acuerdo en que nos falta”.
Agregó que la normativa apunta a destrabar la relación entre ciencia y empresa: “Las universidades del mundo de la innovación no consideran la innovación y la ciencia como excluyentes, hace mucho tiempo que trabajan juntas, pero a veces no tenían la habilidad para hacerlo. Esta ley las ayuda, las habilita”, afirmó, y ligó ese objetivo a que el país gane “soberanía en datos, en creación de empresas, en comercialización y en desarrollo de la innovación”.
“Deuda” en propiedad intelectual
El socio de Santa Cruz IP y exdirector del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), Maximiliano Santa Cruz, señaló que la futura ley permitirá eliminar las barreras que limitan la creación de empresas de base científico-tecnológica desde las universidades, pero calificó el texto como “un retroceso” en materia de propiedad intelectual.
El abogado, que participó como coautor del preproyecto de ley, argumentó que este “no resuelve” el bajo patentamiento en el país y que, por el contrario, “empuja al dominio público resultados que todavía podrían protegerse”.
No obstante, reconoció como una mejora los cambios introducidos al artículo 6 -que acotan la información que deberá publicarse en el repositorio nacional- y señaló que el problema central radica en el artículo 12, relativo a la propiedad intelectual, que establece que los resultados de investigación financiados con recursos públicos que no sean protegidos pasarán al dominio público.
“Chile está optando por publicar invenciones en vez de activarlas y transferirlas. Tampoco se entiende que el texto discrimine entre fondos públicos, regulando solo los provenientes de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Con ello impone obligaciones de reporte, protección y gestión principalmente a universidades, pero deja fuera otros instrumentos -como Corfo, la Fundación para la Innovación Agraria y ministerios-, manteniendo la fragmentación que justamente una ley de transferencia tecnológica debiera corregir”, comentó Santa Cruz.
En tanto, el director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica, y presidente de la Red de Gestores Tecnológicos (RedGT), Álvaro Ossa, señaló que aunque el texto permitirá “aplanar la cancha” entre universidades públicas y privadas para la creación de empresas de base científico-tecnológica, mantiene una “deuda” en materia de protección de la propiedad intelectual. También dijo que el documento tiene un carácter “muy declarativo”, ya que establece principios generales, pero sin mecanismos claros para su implementación.
Señaló que la normativa no define plazos para que las instituciones decidan si protegerán o no los resultados de investigación financiados con recursos públicos y enfatizó que el reglamento será clave para resolver esas definiciones. Comentó que la RedGT propuso al ministerio de CTCI participar en la elaboración del reglamento, y que “la ministra se mostró disponible”.
La directora ejecutiva de Hub APTA, Varinka Farren, calificó la aprobación de la ley como un avance “urgente” y “muy necesario” para el ecosistema de transferencia tecnológica, porque entrega un marco normativo “claro” que pone fin “a años de vacíos legales”.
No obstante, advirtió que definiciones como el licenciamiento socialmente responsable y otros aspectos de implementación quedarán sujetos al reglamento, por lo que su impacto dependerá de cómo quede este finalmente definido.
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