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DF Lab Opinión / Soberanía digital exige colaboración
"Chile aprobó una legislación que, aunque bien intencionada, podría debilitar su capacidad defensiva en ciberseguridad".
Por: Por Matías Aránguiz V y Guillermo Carey C, Fundadores de Calímaco
Publicado: Lunes 6 de octubre de 2025 a las 09:08 hrs.
Matías Aránguiz V y Guillermo Carey C, Fundadores de Calímaco
Chile aprobó una legislación que, aunque bien intencionada, podría debilitar su capacidad defensiva en ciberseguridad. La nueva norma que limita el uso, comercialización y tenencia de dispositivos capaces de interferir o interceptar señales reserva estas herramientas exclusivamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, dejando fuera a universidades, centros de formación y empresas especializadas en ciberseguridad.
El avance en la protección de telecomunicaciones es evidente, pero la omisión de estos actores críticos genera un efecto colateral: los dispositivos regulados, además de ser potenciales instrumentos de ataque, son esenciales para testear vulnerabilidades, desarrollar capacidades defensivas y entrenar a profesionales que requieren tanto el sector público como el privado. En un contexto geopolítico complejo, asegurar soberanía digital y ventajas competitivas tecnológicas debe ser un horizonte estratégico prioritario para Chile.
La experiencia comparada muestra que esto solo es posible con sinergia entre Estado, privados y academia. Una excepción legal que habilite a ciertos actores debidamente acreditados podría iniciar un círculo virtuoso para el desarrollo económico nacional y el posicionamiento regional, generando espacios de colaboración entre sectores.
Países como Estados Unidos, la Unión Europea e Israel ya han implementado marcos similares con retornos positivos en plazos acotados. Sus modelos van desde la obligación de compartir información constante entre actores públicos y privados, hasta la creación de hubs de innovación donde conviven agencias estatales, empresas y universidades. Lo relevante en todos es la confianza mutua como base para una industria pujante, capaz de generar beneficios económicos y una ventaja geopolítica real.
En Chile, el foco estará en el reglamento que dictará el Ministerio de Seguridad, que podría corregir los vacíos habilitando mecanismos de autorización específicos para universidades, centros de formación y proveedores de ciberseguridad certificados. Con reglas proclives a la innovación, estas autorizaciones podrían inaugurar un nuevo paradigma para la industria, donde la colaboración prevalezca sobre la prohibición.
En definitiva, el legislador, en su afán de resolver un problema puntual, abrió riesgos sistémicos no previstos. La ciberseguridad requiere marcos normativos integrados que reconozcan la interdependencia entre seguridad, desarrollo de talento, innovación y soberanía tecnológica. Sin esa convergencia, los avances corren el riesgo de transformarse en vulnerabilidades futuras.
Urge una discusión amplia y técnica que permita al reglamento corregir estos desajustes. No se trata solo de autorizar usos excepcionales, sino de comprender que sin colaboración estratégica no hay soberanía digital posible.
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